Mulegé, Baja California Sur (BCS). Momentos de tensión se vivieron este viernes 13 de enero en la colonia Benito Juárez ampliación Valle de Vizcaíno en Mulegé, donde un grupo de personas, acompañadas de al menos 3 policías armados intentaron desalojar a cerca de 76 familias por problemas con un predio; la alcaldesa, Edith Aguilar aseguró que es un asunto federal.
Es importante aclarar que este problema tiene varios años y es entre el exalcalde de Mulegé, Felipe Prado Bautista y Manuel Alonso Favela Dávila, este último señaló al exfuncionario de despojo, abuso de autoridad, robo y daños en propiedad ajena, tráfico de influencias, entre otros, derivado del litigio de un predio, el cual ya fue vendido a diversas personas.
“Este terreno se les vendió a muchos de ustedes de manera legal y de buena fe, (…) cerca de 80 de ustedes tienen ya escrituras hechas por un notario público que salieron de esta escritura que yo tengo, que me dio un notario público cuando era presidente municipal y los 4 notarios que tenemos en el municipio, los 4 han dado escrituras de alguno de ustedes”, le dijo Prado Bautista a las decenas de personas que ya esperaban a las autoridades para que los desalojaran.
Aseguró que la la dueña era su esposa, pero que las escrituras ya no estaban a su nombre debido a que vendió todo el terreno; declaró que por “compromiso moral” se encontraba respaldando a los presentes, quienes ya tienen casas construidas en la zona.
“No viene la Sedena (Secretaria de la Defensa Nacional), no vienen Marinos, no viene la Policía Estatal, porque no tiene facultades, los únicos que se presentaron, y lo dijo hace un momento que venía para acá el director de Seguridad Pública: ‘yo llevó instrucciones de la Presidenta Municipal de sacar a la gente de ahí’”, aseguró.
Que les vaya bien y que no vuelvan
Momentos después, arribaron las autoridades que, con documento en mano pretendieron desalojarlos, según indican los pobladores; tanto Felipe Prado como los ciudadanos afectados se hicieron de palabras asegurando que esto iba a llegar a la capital e incluso a la Ciudad de México de ser necesario.
“No vamos a permitir el despojo, a menos que pasen por encima de nosotros, nos maten o nos acribillen. Les pedimos de manera respetuosa que se retiren de este predio”, dijo el exalcalde.
Los presentes solicitaron una orden escrita por un juez —a nombre de cada uno— para poder proceder legalmente, de lo contario, aseguraron, los demandarían por allanamiento; finalmente se fueron, sin que la confrontación verbal pasara a mayores.
Fueron traicionados, pero es un proceso federal
Posteriormente, llegó la respuesta de la alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio, quien declaró, mediante un video subido a sus redes sociales personales, que hablaría con los implicados en estos hechos, pues asegura que no tienen la información correcta sobre lo que ocurre, y que la presencia de la policía se debió a que querían evitar un hecho lamentable.
“Hemos visto hechos lamentables que está sucediendo en el valle de Vizcaíno, gente de mi municipio que ahí radica, está siendo afectada, engañada y traicionada. Sin lugar a dudas, este proceso judicial federal ha sido preocupante para nosotros como sus autoridades, pero sin lugar a dudas, también estamos atentos de que no llegue a suceder nada malo”, aseguró.
Aseguró que este mismo viernes hablaría con ellos; sin embargo, al cierre de esta edición, no se ha tenido información al respecto. Por otro lado, declaró que este es un proceso legal que ya obtuvo resolución por parte de un juez.
“Es un proceso que no llevamos nosotros, es un proceso legal federal, que al final, un juez ha determinado una resolución, pero también es cierto que a la gente no se le ha informado correctamente, por ello estaré acudiendo para estar con ustedes, escuchando y, sobre todo, respaldando a las familias muleginas como mi obligación», finalizó.
Con información de Guerrero de Sal y Colectivo Pericú