Denuncian que minera Los Cardones desalojó a ranchero de sierra La Laguna

Nancy Hevia, hermana de Pepe Hevia, candidato del Partido Verde protocolizó contratos de Desarrollo Zapal, dueña del proyecto y ligada a Ricardo Salinas
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La Paz, Baja California Sur (BCS). Camino a El Triunfo, al sur del municipio de La Paz, unos minutos antes de llegar al poblado, al tomar una brecha que da a la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, se llega al rancho Las Pardecitas y/o El Encantado, predio de suma importancia para Desarrollos Zapal SA de CV dueña del proyecto minero Los Cardones. En este lugar, por más de 80 años la familia de don Jorge Ricardo Cordero Cordero ha vivido.

A los 75 años, una enfermedad lo fatigó, y el ranchero junto a su esposa Loreto Rodríguez Meza, regresan cada determinado tiempo a la ciudad de La Paz. Un caballo lo echó abajo, dejando un punzante dolor de espalda que comenzó afectar su rendimiento.

En uno de esos viajes, el miércoles 4 de marzo de 2015, recibió una llamada de uno de sus hijos con una noticia que lo dejó frío: seis hombres entraron sin identificarse a su terreno, destruyeron su casa, liberaron sus animales, colocando un cerco 275 hectáreas adentro de su predio. En su lugar una caseta fue colocada que don Jorge atribuye a Desarrollo Zapal.

Presuntamente, los representantes de la minera acusaron con la Policía Ministerial del Estado que había una persona con armas de uso exclusivo del Ejército en su terreno.

Pardecita

Los Cardones contra un ranchero

El proyecto minero a cielo abierto, en 2010, cuando era todavía Paredones Amarillos (Los Cardones actualmente) no logró el permiso de cambio de uso de suelo, porque no acreditó la propiedad de los terrenos de Jesús María y otro más.

Sin embargo, afirmaban sus abogados poseer seis contratos de compraventa privado que se habían llevado a cabo con los rancheros del lugar, entre ellos, los correspondientes al predio rústico Jesús María con clave catastral de 1-02-022-0001 con un tamaño de 1,755 hectáreas.

Según planos de la minera, este es un terreno nacional, con una extensión denominada Jesús María III de 275 hectáreas, pero don Jorge toda su vida conoció como La Pardecita o El Encantado.

Para ingresar, el 17 de enero de 2008, convencieron a don Jorge de firmar un contrato de acceso a terrenos superficiales para que los empleados de Desarrollos Zapal efectuaran exploraciones mineras.

La renta se fijó 4,000 dólares. A través de las facturas con RFC de la compañía: DZA8408215PA cuyo folio eran 126, 127, 128 y 129, pagaron los meses de enero a abril de 2014.

Luego, obligaron al ranchero a signar un Convenio de Terminación de Contrato de Acceso a Terrenos Superficiales, el 25 de abril de 2014. Le ofrecían que, según la cláusula sexta del documento, si dejaba su tierra el 26 de mayo de 2014 recibiría 3, 000,000 millones de pesos.

Argumentaban que ya le habían dado 260 mil pesos como parte de una compraventa, pero al final don Jorge no estuvo de acuerdo y decidió no salir, porque ese dinero era de rentas por pasar a la zona en la que se crió.

Entonces, la minera interpuso la denuncia 491/2014 ante el juez de Primera Instancia del Ramo Civil en Baja California Sur. Exigía, entre otras cosas, “el cumplimiento forzoso del Convenio de Terminación de Contrato de Acceso a Terrenos Superficiales”.

Predio

La defensa del ranchero

El defensor legal del hombre que habitó la sierra, Roberto Duarte, explicó que usando los contratos que Desarrollos Zapal efectuó con personas que vivieron en el predio Jesús María, pidieron al denunciado a salir.

“No le compran, compraron por otro lado, y lo orillaron para firmar una situación de ese tipo. No sabemos si esto es legal, estas escrituras; pero en noviembre de 2014 presentaron una denuncia por despojo del predio”, comentó. “Además, dijo,  hay un cochinero con la forma que escrituraron”.

En la denuncia, presentaron la Escritura Pública 5427, volumen 318 del 17 de octubre de 2011 y certificada por la Notaría número 13, perteneciente a Nancy Hevia Aguiar, hermana del candidato a la presidencia municipal de La Paz por el Partido Verde, Pepe Hevia; agrupación política en la que milita Ninfa Salinas, hija de Ricardo Salinas Pliego.

Comentó que el proceso de adjudicación de terrenos nacionales de su cliente, “ese trámite, tuvo un problema administrativo en Juicio Unitario Agrario para recuperar la adquisición”.

La manera en que hombres entraron al rancho de don Jorge, manifestó, violentaron los derechos e, inclusive, que la autoridad judicial estatal se haya prestado al juego de desalojar, porque se lleva un juicio del cual no se ha dictado sentencia. Sin embargo, procedieron. En el desalojo la Policía Ministerial detuvo al Jorge Cordero por tener, con permiso de la Sedena, un arma calibre .22.

Cabe recordar que, luego de dos autorizaciones fallidas en el gobierno de Felipe Calderón, Desarrollos Zapal, empresa que ambientalistas ligan con Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, ingresó de nueva cuenta el proyecto ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat.

Esta vez, la dependencia dirigida por el integrante del Partido Verde, Juan José Guerra Abud, otorgó la autorización condicionada. Entre los puntos que solicitó la autoridad ambiental, se encontraba comprobar la propiedad de los terrenos nacionales.

Don Jorge tiene documentos que datan de 1896 a la fecha, en los que su familia ha pagado por décadas el predial. No obstante, no hay un documento que delimite de manera correcta y otorgue la posesión del lugar, únicamente hay un papel de la época de Porfirio Díaz, el cual es ilegible.

Predio1

Irregularidades

“En principio, ese rancho está en terrenos nacionales, por lo que no hay persona física o moral que pueda acreditar la propiedad y, consecuentemente, realizar actos de compra – venta”, precisó Jesús Echevarría Haro, presidente del Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera de Sierra La Laguna.

Desde junio de 2008, explicó, son considerados nacionales e identificándose con los nombres de Jesús María y El Encantado, los terrenos o espacio físico que actualmente refiere el proyecto Los Cardones para su instalación.

“Atendiendo el artículo 63 último párrafo, son solicitados por parte de la CONANP a la Secretaría de la Reforma Agraria [hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)] dichos terrenos, pretendiendo destinarlos a los fines que establece el decreto correspondiente, esto es, la conservación, y ante la demora de respuesta su solicitud ha sido ratificada en 2009 y 2012”, expresó.

En su momento, el 10 de octubre de 2014, Agapito Duarte Hernández, exdelegado de la Sedatu en Baja California Sur, manifestó que el litigio de la empresa minera vinculada con Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, llevaba casi siete años, y aún no se resolvía a favor de nadie.

“En abril de 2010, se presenta demanda de amparo promovida por Rosa Ofelia González Núñez, argumentando no haber dado aviso ni publicación en el Diario Oficial de la Federación sobre los actos de medición y deslinde del predio Jesús María. Manifestándose por presuntamente ostentar un derecho de propiedad”, añadió Echevarría Haro.

Sin embargo, en septiembre de 2010,  la mujer interpone el juicio de amparo 442/2010, resaltando que el juez afirma la inexistencia del acto reclamado como un juicio de Amparo Improcedente. “Debido a que los argumentos y la prueba documental que exhibieron los promoventes, resultan insuficientes para acreditar el interés jurídico indispensable. Dictando como resolución: se sobresee el referido juicio de amparo”, dijo.

En septiembre de 2011, continuó diciendo, la notaria 13 Nancy Hevia, mediante Escritura Pública 5427, volumen 318, protocoliza el contrato de compraventa entre Rosa Ofelia González Núñez y Rosa Núñez Cordero como vendedoras, y Desarrollos Zapal como compradora de 300 hectáreas, pese a que no había forma de comprobar la posesión del predio Jesús María.

“En síntesis, los responsables de la procuración y administración de justicia en el estado, atendieron una demanda de alguien que no acredita la propiedad con el correspondiente título, para desalojar de manera violenta a Jorge Cordero. Los contratos de compra – venta entre particulares, aunque sean escriturados ante notario público, no son suficientes para acreditar la propiedad”, puntualizó.


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  • En casos como el del ranchero agredido, al que se le quiere despojar de su propiedad, por parte de la empresa referida, lo que cabe por parte de la sociedad civil es la solidaridad. Es mucho lo que está en juego. La vida es primero

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