Los Cabos, Baja California Sur (BCS). El operativo en el fraccionamiento Costa Azul, en San José del Cabo, por parte de la Policía Federal de las divisiones de Gendarmería, Antidrogas y Seguridad Regional de la Comisión Nacional de Seguridad –encabezados por los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especial de Delitos de Violencia en Contra de Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República (PGR), Paulina Escudero Alvarado y Sebas García Badillo– fue un fracaso, pues el caso no se trataría de explotación sexual, revela un reportaje de Semanario Zeta.
«La noche del 12 de marzo, cuando reventaron un inmueble ubicado en el exclusivo fraccionamiento Costa Azul en este destino turístico, las víctimas presuntamente rescatadas no estaban esclavizadas, amarradas o trabajando en contra de su voluntad. Es más, ni habían sido amagadas, tampoco trabajaban bajo amenazas y chantajes. Por el contrario, habían sido contratadas esporádicamente para amenizar una fiesta de despedida de soltero, y donde se encontraban alrededor de 50 personas entre mexicanos y estadounidenses», señala el medio. Era evento privado, en una propiedad de unos 2,500 metros cuadrados, localizada en un punto conocido popularmente como «Gringo Hill», donde había alcohol y camastros alrededor de una alberca.
Una fiscalía de la PGR recibió la denuncia anónima de trata de personas con fines de explotación sexual en ese lugar; los datos que tenían –según la denuncia– era que esa noche se iba a celebrar una fiesta en el lugar, la cual “iba ser amenizada por todas las víctimas que era un grupo de jóvenes mujeres que habían venido trabajando para una red de prostitución que tenía su centro de operaciones en La Paz y Los Cabos”. Sin embargo –según Zeta–, la Fiscalía Especial de Delitos de Violencia en Contra de Mujeres y Trata de Personas no indagó sobre el origen de la investigación, sólo se dejó llevar por la información dándola por hecho, activando un fuerte operativo para lo que solicitaron un grupo de élite de la Policía Federal.
«Los agentes –según uno de los efectivos que participó en el operativo– fueron requeridos para ejecutar el plan de rescate, quienes fueron desplazados desde la Ciudad de México. Fue así, y de acuerdo al agente federal, como armaron el operativo, obteniendo todo el tiempo datos e información de un supuesto informante, quien entregó los números telefónicos de los presuntos 5 integrantes de la red de prostitución. Asimismo, tuvieron acceso a conversaciones de Whatsapp, mensajes de texto y fotografías de algunas de las mujeres. Los agentes federales –entonces– aún sin estar plenamente convencidos de que el caso sería “una bomba”, tal y como preveía la PGR, comenzaron el trabajo de inteligencia, obteniendo información de primera mano, quienes, en el segundo de los 3 días de investigación, lograron saber que el caso de Costa Azul, no era trata de personas con fines de explotación sexual, sino de lenocinio, el cual tendría que ser investigado por el fuero común. Las presuntas víctimas –según confirmó el agente federal– recibirían pagos de 1,500 y hasta 3,000 pesos cada una por participar en el festejo».
El operativo conjunto de la Policía Federal y de la PGR inició el 9 de marzo, es decir, 3 días antes de revisar la casa en Costa Azul, cuando alrededor de 50 efectivos de Élite arribaron a bordo de 7 camionetas vía marítima al puerto de Pichilingue, en La Paz, describe la misma fuente. «El convoy fue tan vistoso que corrió el rumor inclusive, de la llegada de agentes de la Policía Federal de la Comisión Nacional de Seguridad, quienes en medio de la ola de violencia de las últimas tres semanas, registrada hasta el 10 de marzo, habían llegado a reforzar los operativos de seguridad en la capital sudcaliforniana».
La planeación del operativo abarcó cuando menos 2 cuadras a la redonda; «la noche del operativo, los agentes federales, tomaron por asalto el inmueble, saltando algunos por las bardas y abriendo la única puerta de acceso a la propiedad privada, y donde los presentes, fueron encañonados, quedando viéndose entre sí, y luego se tiraron al suelo»; luego ingresaron y comenzaron a revisar cada esquina de la casa de la presunta dueña identificada como «Pilar», una bodega pequeña y un área de bungalós. La propiedad “había sido rentada previamente por uno de los organizadores de la despedida de soltero”, tiene como área de uso común un enorme patio, alberca y palapa, así como un área verde», todo ello según información confiada a Semanario Zeta por un agente federal.
«Casualmente, ese día, la propietaria del inmueble no estaba presente, y sólo estaban los invitados de la citada fiesta. Después de tomar por asalto la propiedad e interrogar a las supuestas víctimas, los agentes federales, detuvieron a una mujer y 4 hombres, y quienes fueron señalaron como los responsables de la contratación. La mayoría de las ‘víctimas’ –según sus testimonios– eran estudiantes de nivel profesional, edecanes, modelos y bailarinas de table dance, quienes admitieron dedicarse a ejercer la prostitución en fiestas privadas, y por contrataciones esporádicas. Las prostitutas –en sus testimoniales– dijeron no vivir en ese lugar y tampoco estar a la fuerza, algunas describieron que fueron transportadas de La Paz y otras de Cabo San Lucas, a fin de estar en la despedida de soltero». Luego, las mujeres fueron trasladadas en 4 vehículos.
Después de la detención, la agente Escudero Alvarado, «ordenó el aseguramiento del inmueble, levantó el inventario de los bienes muebles y vehículos y solicitó la inscripción de aseguramiento del bien inmueble al director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Los Cabos. El Agente del Ministerio Público abrió la carpeta de investigación FED/BCS/CSL/0000097/2016, y ordenó la entrega de una cédula de notificación al propietario de la residencia. Los datos recabados hasta ahora es que la red de prostitución operaba en el Estado de México, y desde principio de 2015, abrió un centro de operaciones en La Paz, y después en Los Cabos. La encargada de recolectar prostitutas –según las primeras indagatorias– fue identificada como “Ani”, a quien describieron como una “mujer hermosa, de clase y porte”, de tez clara, ojos negros, complexión delgada, estatura de 1.60 metros de altura, cabello negro, boca chica y ceja escasa».
Según las investigaciones, la organización contactaba bailarinas en los table dance de La Paz y Los Cabos «y seleccionaba mujeres jóvenes estudiantes, edecanes y modelos, necesitadas de dinero y dispuestas a prestar un servicio sexual discreto, a cambio de 1,500, tres, cinco y hasta 7,000 pesos, según el cliente. El acuerdo –según las investigaciones– era que la banda conseguía a los clientes a través de meseros en restaurantes y bares, así como prestadores de servicios y a través de contactos en Facebook y WhatsApp. Después de conseguir el cliente, las mujeres eran recogidas en sus casas o en cualquier punto cercano, y entonces eran llevadas a moteles, hoteles o viviendas de los propios clientes, y después de una hora o el tiempo solicitado por el usuario, recogidas y regresadas a sus hogares».
Los servicios prestados por la organización delictiva eran 3: servicio de escort –renta de una prostituta como acompañante de algún cliente a algún bar, discoteca o fiesta, y el cual subía el precio, en caso de terminar en sexo; el servicio a domicilio -llevar a una mujer hasta el motel, hotel o vivienda del cliente, y recogerla después–; y el tercero era el servicio ejecutivo, que consistía en llevar a un grupo de prostitutas a fiestas privadas de empresarios, políticos o narcomenudistas, lo mismo a una casa, un hotel o salir a un paseo en yate. Empero, al darse cuenta que no podría configurarse jurídicamente el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, la PGR envió el caso a la Procuraduría General de Justicia del Estado, que abrió la averiguación previa CSL/005/HOM/2016 por lenocinio.
El lenocinio está tipificado por el Artículo 207 del Código Penal como un delito del fuero común, y se comete cuando “toda persona que habitual o accidentalmente explote el cuerpo de otra por medio del comercio carnal, se mantenga de este comercio u obtenga de él un lucro cualquiera”; mientras que la trata de persona –de acuerdo al Artículo 5 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas– es aquel que “promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba para sí o un tercero a una persona por medio de la violencia física o moral, engaño, el abuso de poder someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud”. «En el caso de Costa Azul, de acuerdo a la versión de las prostitutas, no hubo violencia física o moral y mucho menos esclavitud», se asegura en el reportaje de Zeta.
Fue el 16 de marzo, cuando el procurador de Justicia de BCS, Erasmo Palemón Villeda Alamilla, confirmó que «la PGR se declaró incompetente para proceder jurídicamente en contra de los sospechosos y turnó el expediente de explotación sexual a la Procuraduría, por lo que resolvieron la averiguación previa y la turnaron a un juez penal para su análisis y resolución. Durante una reunión con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, el titular de la PGJE, aseguró que ninguno de los 5 detenidos es de nacionalidad extranjera, y fueron internados en el Centro de Reinserción de San José del Cabo a disposición del juez de la causa», se cita en la misma fuente.
