Después de dos años y una denuncia penal, Antonio Agúndez desconocía extorsión telefónica

El alcalde dijo no saber del hecho, que incluso derivó en una denuncia ante la PGR
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Los Cabos, Baja California Sur (BCS). El alcalde Antonio Agúndez negó que el Ayuntamiento de Los Cabos haya sido objeto de una extorsión telefónica y por la cual se pagaron 640 mil pesos.

Aunque hay documentos oficiales que demuestran la extorsión de la que fue objeto el Ayuntamiento de Los Cabos por parte de presuntos agentes aduaneros en Veracruz, el munícipe afirmó que desconocía la situación.

“Desconozco, no tengo yo información…La verdad que bien tranquilo, no sé si se hace mención en qué área, no he tenido nada de información, no he podido ver mi celular, tengo muchos mensajes, pero no ninguna extorsión, ningún llamado, ninguna situación de ese tipo que afortunadamente ni de menara personal ni como presidente municipal”, sostuvo.

Las investigaciones en torno a la presunta extorsión telefónica al Ayuntamiento de Los Cabos, fue confirmada a través de las denuncias hechas a la Procuraduría General de la República (PGR).

denuncia 1

Presuntamente, el gobierno municipal recibió una llamada telefónica en la que se indicaba de parte de “un funcionario de aduana” que un embarque de ropa para el ayuntamiento estaba detenido por lo que habría que pagar por concepto de impuestos la cantidad de 640 mil pesos en efectivo, por lo que se hizo el pago, aunque después se percataron que había sido un fraude.

La extorsión fue hecha a través de un número telefónico NEXTEL, al que una vez completada la transferencia de dinero intentaron llamar para avisar que ya estaba hecho el depósito, pero nadie les contestó.

denuncia 2

Por esa razón, a través del síndico municipal Oswaldo Murillo se interpuso una denuncia penal el 25 de enero de 2012 en la representación de la Procuraduría General de la República bajo el expediente PGR/BCS/LC/012/2012, debido a que consideraron que se trató de un delito de “fraude genérico y uso de insignias oficiales de la SHyCP”.

Por el mismo motivo, también a través de la sindicatura se interpuso una denuncia penal SJC/037/PAT/2012, el 23 de febrero de 2012.

Con información de Mega Canal


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