La Paz, Baja California Sur (BCS). Tras los delitos ocurridos en el municipio de Tonalá en marzo de 2018, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Jalisco dio a conocer que Alejandro “N”, presunto integrante de un grupo delictivo, fue aprehendido por su probable participación en el secuestro de los 3 estudiantes de cine, uno de ellos de origen sudcaliforniano.
Fue mediante “trabajos de inteligencia” que la dependencia estatal logró la captura del ahora imputado, detallando que “de las pesquisas se desprende que dicho individuo, en compañía de otros, presuntamente privaron de la libertad a los estudiantes”.
Actualmente Alejandro “N” se encuentra a disposición del juez de Control y Oralidad, siendo el 10 de junio cuando se le imputó por el delito de secuestro agravado, fijando el 15 de junio como el día en el que se llevará a cabo la audiencia de continuación.
De acuerdo con las versiones oficiales Javier Salomón de 25 años originario de Mexicali, Daniel Díaz de 20 años de Los Cabos, y Marco García de Tepic también de 20 años de edad fueron vivados de su libertad el 19 de marzo de 2018.
Los 3 estudiantes de cine, según las autoridades, estuvieron “haciendo tareas, sin saberlo, en una casa de seguridad del Cartel Nueva Plaza, grupo antagónico al Cartel Jalisco Nueva Generación”.
Posterior a estos hechos, los estudiantes fueron privados de su libertad en Tonalá para ser torturados e interrogados en una casa de seguridad, después les quitaron la vida en una tercera localidad, donde en bidones y químicos, disolvieron los cadáveres.
El 3 de agosto del mismo año cayó un quinto implicado, Jonathan “N”, alias “El Choco” o “El Pozolero Mayor”, detenido en Compostela Nayarit, pero el Gobierno de Jalisco aseguraba que aún faltaban 2 más.
Cabe mencionar que, el cineasta tapatío, Guillermo del Toro uso sus redes sociales para hablar sobre el tema: “Las palabras no alcanzan para entender la dimensión de esta locura. 3 estudiantes son asesinados y disueltos en ácido. El ‘porqué’ es impensable, el ‘como’ es aterrador”.
Finalmente, destaca que en abril del 2018 se suspendió a la operadora del 911 quien recibió la llamada de quienes atestiguaron como un comando armado se los llevó; “hubo cierta negligencia” dieron a conocer las autoridades en su momento, pues el reporte no fue canalizado a la policía a tiempo.
Con información de La Jornada
