Diputada del PAN BCS ordenó sacar documentos de la Oficialía Mayor, acusa Legislador de la 4T

El Diputado de Morena señaló que la panista fue quien ordenó extraer documentación de Oficialía Mayor y no el diputado Esteban Ojeda
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La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Humberto Arce Cordero acusó a la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Elizabeth Rocha Torres, de enviar a un empleado al área de Oficialía Mayor para extraer documentos; esto, después de que el diputado Rigoberto Murillo Aguilar acusó al legislador Esteban Ojeda de querer eliminar documentos comprometedores.

“Al contrario, en la foto que traemos un empleado del Congreso, instruido por la diputada Elizabeth Rocha, extrayendo documentos de Oficialía Mayor”, expresó Humberto Arce mientras enseñaba la fotografía, en la que se observaba a un sujeto extraer una caja con documentos.

Frente a los ciudadanos que asistieron al Congreso del Estado, Arce Cordero reveló el verdadero motivo por el que la bancada de Morena tomó la decisión de destituir al Oficial Mayor, el cual se debió a que las diputadas de oposición, lideradas por Rocha Torres, hostigaban y amenazaban al Oficial, Atilio Perea, según él, por no obedecer a sus intereses.

“Ha sido víctima de muchas presiones, hostigamientos y amenazas por la Presidenta de la Diputación Permanente (Elizabeth Rocha) no lo estaban dejando actuar de forma libre, ni de forma institucional e incluso no reconocen que el pleno ya lo destituyó, y ellas lo seguían hostigando, por eso fue necesario moverlo y poner a una persona que consideramos institucional, esas fueron las razones las presiones de las cuales estaba siendo objeto el licenciado, Atilio Perea”, señaló.

Finalmente, el titular de la Comisión de Salud recriminó al gobernador, Carlos Mendoza Davis por entrometerse en el Congreso del Estado y acceder a enviar la fuerza pública para custodiar el área de finanzas.

“Que el Poder Ejecutivo mantenga la fuerza pública en el Congreso desde el viernes 6 (de marzo), es una intromisión total, no hay fundamento legal para que la fuerza pública se mantenga; si bien es facultad de la Presidencia llamarla, bajo la hipótesis de desalojar la sala cuando está en riesgo la integridad de los ciudadanos, de los diputados o trabajadores del Congreso, cosa que nunca sucedió”, concluyó.


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