La Paz, Baja California Sur (BCS). De acuerdo a la actual ley electoral que rige BCS, “quienes desempeñan algunos cargos de elección popular”, incluyendo diputados y consejeros electorales, “no se encuentran impedidos de participar como candidatos”, lo que permite que recursos públicos puedan “destinarse a su campaña electoral”, advirtió la legisladora independiente Edith Aguilar Villavicencio, al presentar un proyecto de decreto para reformar la Constitución Política del estado a fin de evitar esta situación.
Durante el pasado proceso electoral esta modificación no se hallaba vigente, por lo que era posible que los diputados que se postularon para participar en las elecciones percibieran “no sólo un salario”, sino “también dietas y apoyos otorgados para el desarrollo de su gestión pública”, contando con ventajas claras sobre sus contendientes.
No obstante, durante el pasado proceso electoral, donde 14 de los 21 diputados buscaron ser candidatos, ninguno de ellos se aprovechó de esta “laguna” en la ley y todos dejaron sus cargos solicitando una licencia sin goce de sueldo, aseguró Aguilar Villavicencio, aunque advirtió que tomando en cuenta la nueva disposición de reelección aplicable para las elecciones de 2018, de no modificarse la Constitución Política de BCS sería más probable, dijo, que los nuevos funcionarios se aprovechen de ella.
“Creo que es algo justo”, dijo la legisladora independiente, “estamos armonizando nuestra ley, nuestros procesos democráticos, la sociedad así lo requiere, y hay esa laguna en ese sentido de la separación. Muchos compañeros se separaron del cargo por así en su momento determinarlo, ellos se retiraron, entró su suplente y actuaron de buena manera, pero bueno, qué mejor que dejar en nuestra ley plasmado lo que legalmente se debe de hacer, separarse del cargo”.
Debido a que el cargo de diputado se logra con base en la elección popular, se trata de un puesto irrenunciable, por lo que los legisladores deberán obligatoriamente solicitar “licencia”, la cual no comprenderá salario, como sí ocurrió en el pasado proceso electoral, aunque quienes tomaron su permiso no recibieron ningún recurso del Congreso del Estado, aseguran.
“Esta práctica entraña un conflicto de intereses”, advirtió Edith Aguilar, “porque al mismo tiempo que se desarrolla un servicio público remunerado, del cual derivan obligaciones de trabajo, se actúa como candidato en un proceso electoral, supuestos que constituyen una verdadera incompatibilidad”.
La modificación precisa es al artículo 45 y al 138 BIS, impidiendo que sin renunciar a su cargo sesenta días naturales antes de la elección puedan ser candidatos los miembros de ayuntamientos, diputados locales y federales, senadores y toda persona con un puesto o comisión en el Gobierno Federal, estatal o municipal, “con excepción de los docentes”.
Descubrio algo que un monton de gente ignorante ya sabiamos… desquitó su salario…