La Paz, Baja California Sur (BCS). Pese a la apresurada aprobación que el Congreso de Baja California Sur realizó en torno a la Reforma del Poder Judicial, lo que generó críticas por parte de un sector de la población, este 17 de septiembre se llevaron a cabo diversos pronunciamientos para aclarar los beneficios que dicha resolución traerá. Durante la sesión, el diputado Martín Escogido Flores destacó que esta reforma marca un paso clave hacia la modernización del sistema judicial mexicano.
Entre los puntos más discutidos está el cambio en la elección de los jueces. A pesar de las críticas de la oposición, quienes argumentan que el público no sabrá elegir adecuadamente debido a la complejidad del proceso, Escogido Flores sostiene que los nuevos mecanismos de formación e integridad asegurarán que los juzgadores sean personas idóneas, conocedoras del derecho y con una perspectiva de justicia restaurativa.
La reforma también busca mejorar la eficiencia del sistema judicial al simplificar procesos y reducir costos. Una de las medidas más relevantes es la incorporación de tecnología, que permitirá el acceso remoto a servicios judiciales, ampliando así el alcance de la justicia a más sectores de la población.
“Existen 2 elementos cruciales que determinarán la administración de la justicia, el mecanismo de formación (idoneidad) y el mecanismo de selección (integridad); los juzgadores deben ser íntegros, idóneos para impartir justicia, conocedores del derecho, de las leyes, y lo más importante, que su perspectiva sea de justicia restaurativa”, comentó.
El diputado Sergio Guluarte Ceseña se sumó a la defensa de la reforma, señalando que fortalecerá la independencia del poder judicial. Según Guluarte, este cambio ayudará a crear un sistema más austero, que responda mejor a las demandas del pueblo y luche contra la impunidad. Además, mencionó que la protección de los jueces en casos de delincuencia organizada es otro de los aspectos cruciales, garantizando la seguridad de los magistrados y sus familias.
En materia fiscal, la reforma establece un límite de 6 meses para la resolución de casos. Si un juzgador no puede cumplir con este plazo, debe informar al tribunal de disciplina judicial, asegurando mayor responsabilidad y agilidad en los casos de esta índole.
Esta reforma representa un esfuerzo significativo por modernizar el poder judicial en México, aumentando su independencia, eficiencia y legitimidad, aspectos que, según los defensores de la misma, son fundamentales para proteger el Estado de derecho y la democracia.