La Paz, Baja California Sur (BCS). Los priístas Patricia Ramírez, Joel Vargas Aguiar y Amadeo Murillo Aguilar, quienes fueron los únicos diputados en manifestarse contra del juicio político aprobado en el Congreso del Estado el pasado jueves —que busca sancionar a exfuncionarios de la pasada administración municipal—, rechazaron hablar sobre el tema, argumentando que no realizarían ninguna declaración a la prensa por haberse tratado de una sesión «secreta».
«Vamos a convocar a una rueda de prensa yo creo que mañana, era una sesión secreta, y salió el tema, se supone que debía de haber salido en sesión de Congreso, nos vemos precisados a no declarar en estos momentos», manifestó Murillo Aguilar.
Por su parte, Joel Vargas y Patricia Ramírez también se negaron a dar declaraciones, justificándose que habían acordado no comentar nada.
«Ese tema no lo vamos a comentar, acordamos hacerlo público mediante una rueda de prensa en otro momento», afirmaron; sin embargo, al ser cuestionados sobre los datos de la conferencia, que planean ofrecer, los 3 legisladores se contradijeron en la fecha, hora y lugar.
El 19 de noviembre el Congreso del Estado de BCS aprobó por mayoría de votos —a excepción de los 3 diputados del PRI— el dictamen con el que se iniciarán los procedimientos necesarios para llevar a cabo un Juicio Político en contra de funcionarios del pasado Ayuntamiento de La Paz, quienes de ser encontrados responsables, podrían ser in habilitados por 20 años para desempeñarse en algún puesto público.
El Juicio Político, derivado de la supuesta aprobación ilegal del cambio de uso de suelo del proyecto Los Cardones, es en contra de 11 exregidores, el exalcalde Francisco Monroy Sánchez, el ex secretario General, Marco Antonio Núñez Rosas y el exsíndico Francisco Javier Moreno Soria.
