Diputados proponen que médicos de BCS puedan negar servicios por sus creencias religiosas

Ejercer el objeto de conciencia no será motivo de discriminación laboral en Baja California Sur, establece la iniciativa presentada
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La Paz, Baja California Sur (BCS). En el noveno punto de la sesión del Congreso del Estado, realizada este jueves 27 de junio, se presentó un proyecto de decreto que pretende incluir la objeción de conciencia en la Ley de Salud de Baja California Sur, esto permitiría tanto a doctores como enfermeras a negarse a prestar algún servicio de salud, por cuestiones éticas o religiosas, como es la práctica de un aborto. 

La objeción de conciencia se entiende como el argumento y derecho que tiene una persona para oponerse a cumplir disposiciones consideradas por la norma jurídica como un deber, ya sea por razones culturales, religiosas o al conjunto de valores predominantes en una sociedad, como el servicio militar o la práctica del aborto, por mencionar algunos.

El proyecto contempla adicionar un artículo 13 Bis a la Ley de Salud para el Estado de Baja California Sur, con el cual se establece que el personal médico y de enfermería que forma parte del Sistema Nacional de Salud podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece la normativa. 

“Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá involucrarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional”, detalla el documento. 

Asimismo, se establece que el ejercicio de objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral. 

En esta misma sesión fue aprobado por mayoría de votos una iniciativa que permite el matrimonio igualitario en Baja California Sur, un proyecto cuyos promotores estaban en contra; el decreto estaría relacionado a grupos religiosos opositores, algunos de ellos se hicieron presentes para manifestarse en contra de la reforma al Código Civil.  

Finalmente, la iniciativa fue impulsada por los diputados sin partido Perla Flores Leyva, Rigoberto Murillo Aguilar y Lorenia Lineth Montaño Ruiz, se pasó a la Comisión Permanente de la Salud, la Familia y la Asistencia Pública para su dictamen correspondiente. 

De aprobarse, el decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.


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