Diputados quieren obligar a constructores de BCS a hacer casas de interés social más grandes

La iniciativa buscará establecer un mínimo de metros cuadrados para la construcción de casas de interés social en Baja California Sur
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La Paz, Baja California Sur (BCS). Ante el Congreso de Baja California Sur se presentó una iniciativa con proyecto de decreto que busca plantear nuevos lineamientos para las casas de interés en la entidad; los terrenos deberán tener una superficie mayor a los 150 metros cuadrados (m2) y más de 45 m2 de construcción.

En relación a lo anterior,  se detalló que los proyectos de interés social en sudcalifornia son cada vez más pequeños, algunos de ellos con superficies no mayores a los 7 metros (m) de frente y 15 m de fondo .

“Las casas de interés social cada día son más pequeñas, se construyen pegadas unas con otras y en superficies no mayores de 7 metros de frente y 15 de fondo, por lo tanto, dichas viviendas de ‘interés social’, no cumplen con los principios constitucionales de vivienda digna y sustentable”, refieren los diputados impulsores de la iniciativa.

Las paredes pegadas unas con otras, permiten que todo lo que pasa en la casa de al lado se escuche en la casa propia, lo que impide a las familias un adecuado descanso, pues aún con música a bajo volumen o la televisión del vecino genera incomodidad. 

Por ello se pretenden adicionar 2 párrafos al artículo 13 de la Constitución Política de Baja California Sur y reformar el Artículo 68 fracción VII de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado.

De aprobarse esto último, las construcciones de interés social deberán construirse en terrenos que tengan cuando menos 10 metros de frente y 15 metros de fondo; contando con al menos 2 recámaras y un baño, sala-comedor y cocina, espacio para aparcamiento de vehículo o cochera, áreas verdes, áreas de equipamiento y parques con juegos infantiles, canchas de usos múltiples y aparatos de ejercicio para adultos.

También se establece que las calles deberán estar pavimentadas con materiales que tengan una durabilidad óptima mínima de 10 años.

Finalmente, el Estado será quien garantice que cuenten con la prestación adecuada de todos los servicios públicos, que se cumplan con todas las medidas de protección civil, y la prestación de los servicios de seguridad pública para la debida protección de sus habitantes y su patrimonio.


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