La Paz, Baja California Sur (BCS). En rueda de prensa, Mario Ignacio Coppola Joffroy, propietario del hotel Los Arcos, anunció que ha interpuesto una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) -AP/PGR/BCS/LP-IV/178/2014- y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en contra del Sindicato de Gastronómico de Baja California Sur y sus dirigentes, así como de las autoridades de la Junta Estatal de Conciliación y Arbitraje que han estado a cargo del caso de huelga que tiene ya 6 años.
El delito, presumió el hermano del ex senador Luis Coppola, se trata de Fraude Procesal, pues desde un inicio la autoridad estatal conocía que los trabajadores en huelga no eran 87, sino 19, pues en 2009, dijo, hubo liquidaciones en la deudas con los empleados; el resto, quienes continúan en la protesta, sostuvo, han sido engañados por Alberto Rentería Santana, líder del sindicado, asegurando además que los mismos “ya no tienen nada, están en la calle”.
Las autoridades estatales, indicó Coppola Jofroy, incluyendo la Junta de Conciliación y Ministerios Públicos, han sido completamente omisos, al alargar una averiguación previa por 6 años a pesar de contar con 8 amparos federales en su contra y 4 revisiones.
Mohamed Medina, presidente de la Junta de Conciliación, “es un sinvergüenza”, dijo, sin embargo, detrás del él también están, aseguró, el gobernador del estado, el secretario general de Gobierno y el secretario del Trabajo.
En este sentido, adelantó que el caso no se resolverá hasta que el gobierno «cambie de color», apuntado que es cuestión de percepción señalar que actualmente la administración Covarrubias es panistala, pues desde Narciso Agúndez Montaño, aseguró, continúan los mismos funcionarios en puestos clave.
Mario Ignacio Coppola recordó que para 2009, los más de 200 cuartos del hotel Los Arcos tenían un valor aproximado, cada uno, de 350,000 dólares, mientras que en lo general el hotel percibía ganancias aproximadas por 5 millones de dólares mensuales, calculándolo como pérdidas que busca reparar y que el Gobierno del Estado será responsable de liquidar.
