La Paz, Baja California Sur (BCS).- Sin precisar los montos en demanda, el director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de La Paz, Edwin Navarro Muro, reveló que la administración de la alcaldesa Esthela Ponce Beltrán ha enfrentado alrededor de 70 juicios laborales desde su inicio.
Aunque “la mayoría de ellos se encuentran en desahogo de pruebas”, asegura el abogado del Ayuntamiento paceño, en muchos de los casos están “por emitirse los laudos correspondientes”, mismos que podrían no favorecer al municipio de La Paz.
Navarro Muro mostró que al tomar las riendas del área jurídica de la administración Ponce, se encontraron con algunos “procedimientos que ya se habían iniciado”, sin embargo en un elevado porcentaje, dejó ver, se iniciaron durante los últimos tres años.
Cabe recordar que la propia presidenta municipal reveló recientemente que a su llegada ingresaron 300 nuevos funcionarios al Ayuntamiento de La Paz, pero que aproximadamente el mismo número dejó de trabajar para la burocracia local.
En este tenor, el director de Asuntos Jurídicos recordó que el caso de Rosa Isela Avilés Núñez, quien ganó una demanda laboral contra el Ayuntamiento por 19 millones de pesos, “se encuentra suspendido”, por lo que las cuentas municipales “siguen embargadas”.
Este estancamiento se debe a que existen dos quejas en medio del juicio, dijo para finalizar Edwin Navarro, una presentada por la parte demandante y otra presentada por la parte demandada.
En primer término, explica, la entidad municipal buscó protección de la justicia federal argumentando que “las cuentas del Ayuntamiento son inembargables” y que “el procedimiento que siguió el presidente del Tribunal Burocrático no es el adecuado”.
Sin embargo, el abogado de la ex trabajadora, Salvador Krieb Almeida,ha desplegado una queja considerando que el amparo “debió presentarse con la última resolución que emitiera el Tribunal Burocrático”, mientras que el Ayuntamiento se defiende diciendo “que desde el momento en que fueron embargadas las cuentas nace el derecho de poder interponer el recurso de amparo”; y por otro lado, el Ayuntamiento se queja por considerar que “existen otras autoridades responsables que deben ser llamadas a juicio por el juzgado”.
