Los Cabos, Baja California Sur (BCS). El ex gobernador Narciso Agúndez Montaño podría tener todavía procesos pendientes.
El semanario Zeta Tijuana dio a conocer que el ex mandatario intentó adueñarse de siete bienes inmuebles en el fraccionamiento de Pedregal, en Cabo San Lucas, donde se establece, se pretendió sin éxito realizar dos operaciones fraudulentas, cuando era gobernador del estado.
La primera de las operaciones fue a través de una compañía de nombre Las Veredas de San José, S de R.L de C.V, y en la cual figuraba como uno de los socios el hijo del compadre del ex mandatario, Oscar Armando Daccarett Casas, y cuyo contrato establecía un precio de 72 millones 390 mil pesos, de los cuales sólo se entregaron 3 millones 810 mil pesos y después se anuló el contrato.
La segunda por medio de una empresa de nombre “Inmobiliaria Fakhir, S.A de C.V”, y originaria casualmente de Torreón, Coahuila, de donde es el compadre del ex gobernador, Oscar Daccarett Habib, y por cuyas propiedades pretendieron pagarse 23 millones 980 mil pesos y donde aparecía como uno de los socios, Hassan Mansur González.
Lo anterior obra en el expediente 096/2012 en el Juzgado Segundo de Primera Instancia, y por lo que originalmente, el ex gobernador y su ex secretario general, fueron detenidos y encarcelados por el delito de peculado, y tras promover un juicio de amparo, ganaron y lograron que el delito se reclasificara al de incumplimiento de un deber legal.
Además, la publicación cita a un abogado respecto a que “la resolución del juzgado no fue de ninguna manera absolutoria, sino el término de las reservas de ley o reservas legales, significa que obtuvieron la resolución a su favor por falta de elementos o pruebas, lo que no significa que sean inocente o hayan sido exonerados”, por lo que el caso no ha sido cerrado.
Por otro lado, Colectivo Pericú consigna que el ex mandatario todavía tiene un proceso penal y un proceso administrativo pendientes de resolverse en el Poder Judicial de la Federación y la Contraloría General del Estado.
El primero es también por el delito de incumplimiento de un deber legal, bajo el proceso penal 261/2011 en el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal y donde también están implicados Luis Armando Díaz, ex secretario general de gobierno; Guillermo Jáuregui Moreno, ex titular de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, y Héctor Guadalupe Ibarra Espinoza, ex oficial mayor del gobierno estatal.
El caso actualmente se revisa en el juicio de amparo, bajo el expediente 329/2014 en el Juzgado Tercero de Distrito del Poder Judicial de la Federación.
El segundo es un proceso administrativo abierto en su contra en la Contraloría General del Estado, bajo el número de expediente CGE/065/2011, a raíz de las denuncias penales por el delito de peculado y de incumplimiento de un deber legal, y donde el 28 de octubre del 2011, decretó responsabilidad administrativa en contra del ex gobernador, su ex secretario general, Alfredo Porras Domínguez, y su ex oficial mayor, Juan Garibaldo Romero Aguilar, actualmente secretario general de la delegación de Cabo San Lucas.
La resolución fue impugnada por el ex gobernador y sus ex colaboradores en la Sala Admirativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la cual –y después de un largo procedimiento—ordenó a la Contraloría General del Estado, reponer el proceso administrativo y el cual está a punto de resolverse.
Habrá que recordar que el pasado 7 de noviembre, el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, decretó auto de libertad a favor del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, y su ex secretario general de gobierno, Alfredo Porras Domínguez por el delito de incumplimiento de un deber legal en el proceso penal, bajo el número de expediente 096/2012, después de haber ganado una batalla legal en el juicio de amparo 453/2014 en el Juzgado Segundo de Distrito del Poder Judicial de la Federación.
