La Paz, Baja California Sur (BCS). En el primer bimestre de este 2022, se han judicializado el 60 % de los delitos contra la libertad sexual y la familia que se denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia en Baja California Sur (PGJE BCS); en dicho periodo hubo 245 delitos contra la familia y 203 contra la libertad sexual.
Al respecto, la subprocuradora de Atención a Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia, Beatriz Adriana Robles García explicó que, ante las denuncias, se cuenta con agentes del Ministerio Público Especializados para la averiguación.
En torno a la cantidad de querellas por delitos contra la familia, se informó que fueron 245 entre enero y febrero del año en curso, por situaciones como incumplimiento de la pensión alimentaria, violencia familiar y de género; otras 203 fueron por actos de abuso sexual, acoso, hostigamiento, violación y violación equiparada.
“Los Representantes Sociales que laboran en dichas unidades, por ley están obligados a recibir las denuncias y también están facultados a determinar si lo manifestado constituye un delito o no”, comentó.
Una vez que se tienen los elementos considerados en un hecho delictivo, se canaliza a la unidad que corresponda, según el ilícito a tratar; de lo contrario, se podrá ejercer abstención y determinar ejercicio o no de acción penal, misma que debe justificarse.
“En cualquiera de los casos anteriores, la víctima, una vez que es notificada de estas resoluciones, cuenta con el plazo de 10 días para impugnar la decisión del agente del Ministerio Público ante un Juez de Control”, añadió Beatriz Robles.
Dentro del proceso antes mencionado, un Juez de Control determinará de forma definitiva si el Representante Social tiene o no la razón en la decisión que tomó; aquellas personas que hayan sufrido este tipo de conductas delictivas, deben interponer su denuncia, para que quien las cometa reciba una sanción en el marco de la ley, expresó.
Por otro lado, Robles García explicó que, las corporaciones que acuden como primeros respondientes ante situaciones de emergencia, pueden remitir información oficial de algún hecho donde se presuma que se cometa este tipo de delitos, a fin de que se inicien con las investigaciones respectivas.
