La Paz, Baja California Sur (BCS). Para construir el Centro de Convenciones de La Paz, el Gobierno del Estado solicita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) apropiarse de un terreno siete veces mayor al que realmente ocupa, despojando a familias que han comprobado tener la posesión del lugar mucho antes que el Estado hiciera cualquier petición, según afirma uno de los afectados, el arquitecto Abel Bercovich Pino, asegurando que aún continúa la lucha legal por el terreno.
“En el pasado, lo que hizo el Gobierno del Estado fue falsear documentos ante los tribunales presentando escrituras de donación que Arango le hizo al Gobierno del Estado, pero son falsos, no son válidos, están viciados desde el principio, es como si yo digo ‘esto es mío’, y te doy escrituras, pero resulta que no es mío, entonces no te puedo dar escrituras”, asegura Bercovich Pino, calificando como “un completo despojo” lo que ha realizado la administración de Marcos Covarrubias Villaseñor.
Y es que en mayo de 2012, el terreno, que se encontraba cercado y con varias embarcaciones, fue desalojado por la Policía Estatal Preventiva (PEP). Entrevistado por los medios de comunicación, aquella vez, Bercovich Pino explicó que los oficiales “derribaron un cerco y abrieron paso a maquinaria pesada que causó varios destrozos en al menos diez hectáreas”, lo que sumó daños por más de dos millones de pesos.
“El Gobierno del Estado destrozó, se metió a la fuerza, y todo es conocido por la prensa, se metió a la fuerza, destruyó todos los cercos, destruyó los cobertizos, destruyó las propiedades que teníamos ahí. Después nosotros supimos que dijeron: ‘nos gustó para hacer el Centro de Convenciones ahí, hay una posesión de la familia Bercovich, Talleres Navales Bercovich’, y sabían que teníamos una posesión legal de seis años ante notario, pero dijeron: ‘nosotros somos el gobierno, tenemos el poder, si hacemos esto vía legal a lo mejor perdemos o lleva mucho tiempo, entonces lo más rápido que podemos hacer es llevar la fuerza pública, ministeriales armados a hacer destrozos y posesionarse ilegalmente’”.
El Gobierno del Estado solicita la enajenación de 36 hectáreas, aunque el Centro de Convenciones de La Paz requiere sólo de seis, asegura, mientras que su posesión corresponde a 15 hectáreas.
El arquitecto explica que está dispuesto a negocia, pero que el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor no se ha preocupado por atender el caso, lo que da la impresión de que “aquí en Baja California Sur no hay ley”, dice, y “el gobierno hace lo que quiere y los tribunales están a favor del Gobierno del Estado”.
“Hasta la fecha no nos ha recibido, nos ha mandado a oficinas más abajo, donde tampoco nos han recibido, y están haciendo lo que gustan, no le dan importancia a esto porque es el gobierno y tienen el poder […] Es un Centro de Convenciones que necesita el estado, estamos de acuerdo en eso, ya lo hicieron, ocuparon sus cinco o seis hectáreas, pues que ahora dejen lo demás y que hagan el pago del daño causado a nuestra empresa”.
