En el caso de jornaleros explotados no hay simulación sino «confusión»: STPS

La explicación del delegado fue que “muchas veces es un comunicado mal hecho” por lo que se dan estas confusiones
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La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que el propio gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor visitará el campo agrícola El Cerezo, de la empresa Sociedad de Producción Rural, para desmentir que exista en contra de ésta una denuncia por explotación infantil o trata de personas interpuesta ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el delegado en BCS de esta última dependencia federal, Ernesto Álvarez Gámez, sostuvo en entrevista para BCS Noticias que sí hay un denuncia penal y que todo se debe a “una confusión”.

Su explicación fue que “muchas veces es un comunicado mal hecho” por lo que se dan estas confusiones, a pesar de que incluso su homólogo de la PGR, José Eduardo Peruyero Redondo, negara al siguiente día de que lo hiciera el gobernador la versión, que ofreció Álvarez Gámez en conferencia de prensa.

“Me extraña a mí que digan que no hay una denuncia de tipo penal o una vista al Ministerio Público Federal”, insiste, otorgando como única prueba de su dicho “un documento” donde se le da “vista al Ministerio Público Federal”, agregando que “prueba de ello es la participación incluso hasta de la Siedo (sic)”, corporación que no mencionó en la conferencia de prensa.

Documento Aviso STPS PGR

“Lo que te quiero demostrar es que yo no puedo participar solo, cuando yo tengo una situación de estas, la ley me obliga a que de inmediato tengo que darle vista al Ministerio Público, y ¿qué es darle vista?, decir ‘ahí está, señor’, y de ahí puede iniciarse una investigación de tipo criminal […] Fue un trabajo que desafortunadamente, para muchos, mucha difusión puede causar daño, de que había gente que estaba en condiciones muy desfavorables aquí en el estado. El ejecutivo se preocupa por eso y precisamente en esa medida fue su participación, la medida de que, bueno, hay que darles mejores estadías, mejores servicios, mejores calidad de vida a las personas, en ese sentido llegó el apoyo del ejecutivo del estado, en el momento apropiado; y bueno, que si los señores quieren regresarse a su lugar de origen, también el gobierno del estado los apoya” (sic).

Ernesto Álvarez consideró que la STPS realizó con los jornaleros tarahumaras una “protección al salario”, aun cuando “junto con la empresa” destinaron como habitación común para los trabajadores, después de retirarlos de los campos, una bodega.

“Es un lugar que no llena al cien por ciento los requisitos pa’ que estén ahí, pero sí están mejores que como estaban […] ¿El chiste era devolverlos [a Chihuahua]?, yo creo que el chiste es mejorar las condiciones en las que estaban”.

Asimismo, el funcionario aseguró que “el campo sigue limitado”, pues también se comprobó que continúa operando, y cuando se le cuestionó si estaba seguro de lo que decía, acotó: “No sé si esté produciendo o no”.

Actualmente, la STPS reconoce la existencia de alrededor de 700 campos agrícolas en toda la geografía de la media península, no obstante, Álvarez Gámez no tiene la información precisa y delega la responsabilidad a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).


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