“Lo que te quiero demostrar es que yo no puedo participar solo, cuando yo tengo una situación de estas, la ley me obliga a que de inmediato tengo que darle vista al Ministerio Público, y ¿qué es darle vista?, decir ‘ahí está, señor’, y de ahí puede iniciarse una investigación de tipo criminal […] Fue un trabajo que desafortunadamente, para muchos, mucha difusión puede causar daño, de que había gente que estaba en condiciones muy desfavorables aquí en el estado. El ejecutivo se preocupa por eso y precisamente en esa medida fue su participación, la medida de que, bueno, hay que darles mejores estadías, mejores servicios, mejores calidad de vida a las personas, en ese sentido llegó el apoyo del ejecutivo del estado, en el momento apropiado; y bueno, que si los señores quieren regresarse a su lugar de origen, también el gobierno del estado los apoya” (sic).
Ernesto Álvarez consideró que la STPS realizó con los jornaleros tarahumaras una “protección al salario”, aun cuando “junto con la empresa” destinaron como habitación común para los trabajadores, después de retirarlos de los campos, una bodega.
“Es un lugar que no llena al cien por ciento los requisitos pa’ que estén ahí, pero sí están mejores que como estaban […] ¿El chiste era devolverlos [a Chihuahua]?, yo creo que el chiste es mejorar las condiciones en las que estaban”.
Asimismo, el funcionario aseguró que “el campo sigue limitado”, pues también se comprobó que continúa operando, y cuando se le cuestionó si estaba seguro de lo que decía, acotó: “No sé si esté produciendo o no”.
Actualmente, la STPS reconoce la existencia de alrededor de 700 campos agrícolas en toda la geografía de la media península, no obstante, Álvarez Gámez no tiene la información precisa y delega la responsabilidad a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
