Los Cabos, Baja California Sur (BCS). La mañana de este jueves 7 de noviembre se inició con un intento de desalojo en la invasión Cactus de Cabo San Lucas, donde estarían involucrados 66 lotes de la zona; para las acciones fue necesaria la presencia de elementos de Seguridad Pública de Los Cabos.
Los actuarios llegaron a ejecutar una orden emitida por un Juez Federal minutos antes de las 11:00 horas, quienes procedieron a informar a los vecinos del bloque 9-A sobre el desalojo e incluso proponiendo llegar a un acuerdo para comprar el terreno, si así lo deseaban.
Para llevarse a cabo las actividades se contó con la asistencia de policías municipales de Los Cabos, personal antimotines y diversos decenas de sujetos que, en caso de realizarse un desalojo, fungirían el papel de cargadores.
“El día de hoy se está llevando la ejecución de la orden del Juzgado Primero […] fue ordenada, pues ya tiene alrededor de 3 meses, que se fijó la fecha y se dio la oportunidad para la contratación.
“A todas las personas que todavía ahorita tienen la intensión de un arreglo podemos llegar a un arreglo y el que no pues definitivamente tendrá que ser restituido […] hay gente que se amparó, algunos presentaron amparos de forma errónea”, refirió el abogado de los dueños, que llegó al lugar.
Por su parte, el representante legal destacó que las acciones se darán en 66 lotes, de los cuales, en las primeras horas, ya se tenían 2 acuerdos realizados con habitantes de la invasión Cactus.
Entre tanto, el director de Seguridad Pública de Los Cabos, Juan José Zamorano enfatizó que el operativo desplegado fue para garantizar la seguridad de los actuarios, así como evitar o inhibir cualquier tipo de conflicto.
“Pues siempre que existe un mandamiento judicial en el cual se ordena la participación de las policías […] es simple y sencillamente para garantizar que se lleve a cabo un procedimiento y para garantizar la seguridad física de los actuarios que lo llevan a cabo.
“Para garantizar el orden, el estado de derecho y evitar o inhibir que pudieran generarse algún tipo de conflicto […] que se está dando cumplimiento un acto, un acto de ley que estamos obligados nosotros a apoyar”, declaró ante los medios.
Finalmente, la mayoría de los acercamientos con las familias ubicadas en la zona se dio de manera pacífica, a pesar de que hubo algunos gritos por parte de presuntos afectados, quienes alegaban tener amparos contra la orden del juez, así como no haber sido notificados.
“Con tiempo se nos notificó para poder comprar, mucha gente no quiso, entonces pues ya […] a mi me dijeron que fuera a pagar el amparo (el cual ascendía a los 25,000 pesos) yo tengo mi contrato”, refirió uno de los vecinos.
Con información de El Jitomatazo
