La Paz, Baja California Sur (BCS). Investigadoras contratadas por el Instituto Sudcaliforniano de la Mujer (ISMujer), recomendaron una reestructura en la Subprocuraduría de Atención a la Mujer y el Menor (SAMM).
La asociación de Investigaciones Aplicadas sobre Organizaciones Civiles ejecutó un diagnóstico sobre la perspectiva de género en la actuación de los ministerios públicos y personal encargado de atender casos de violencia contra la mujer.
El análisis se dio tras sus 20 años de existencia para entender el funcionamiento actual del departamento perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Las conclusiones a las que llegaron, se basaron en una muestra representativa de los cinco municipios de Baja California Sur. Las expertas entrevistaron a 12 funcionarias del SAMM: cuatro en La Paz, tres en Ciudad Constitución, Comondú; dos en Loreto, dos en Los Cabos y una más en Santa Rosalía, en Mulegé.
“¿Cómo te sientes cuando te dicen eso de “no hicieron nada”?”, preguntó la investigadora a una de las entrevistadas, refiriéndose a la accionar del SAMM.
Ella respondió: “Es feo, uno no se siente del todo bien. O sea, a final de cuentas es difícil hacer entender a la gente como son los procesos a veces. O sea hay veces que uno les dice bueno si tú no acudes y tú tampoco sales del domicilio donde te están violentando y vienes hasta el último momento cuando ya no aguantas más y vienes muy enojada y me tienes a mi enfrente, como representante”.
La investigación subrayó que la actividad encaminada en defender a la mujer “se ha mecanizado y que el ímpetu de los primeros años de quienes iniciaron su labor quedó en la historia”.
“Hoy la sociedad sudcaliforniana exige otro modelo de atención a las víctimas, lo que en estas páginas quedo plasmado se puede considerar un grito a tiempo de un personal que, repetimos, da la cara amable, pero que está en un proceso de desgaste muy importante que tiene que ser atendido lo antes posible”, expresaron.
Pese a lo antes descrito, el presupuesto designado a la PGJE representa el 4%, pero incrementó de 4 millones 994 mil 212 pesos en 2010 mientras que en 2013 se le otorgó 7 millones 791 mil 986 pesos.
“…a final de cuentas es difícil hacer entender a la gente cómo son los procesos… O sea hay veces que uno les dice bueno si tú no acudes y tú tampoco sales del domicilio donde te están violentando y vienes hasta el último momento cuando ya no aguantas más y vienes muy enojada y me tienes a mi enfrente”, manifestó una de las agentes del SAMM.
Los testimonios, se considera en el documento, “son crudos, son reales, y deben de llamar a la reflexión a quien o quienes toman decisiones en Baja California Sur”.
«La atención está puesta sobre la “resolución” de los casos, como un deber, que no parece ir más allá de las ya numerosas tareas a desempeñar, hacia la consideración de herramientas indispensables para la mejora de elementos analíticos para una atención más eficaz», puntualizó la investigación.
