Los Cabos, Baja California Sur (BCS). La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur informó que un exfuncionario de Los Cabos está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Según declaraciones del fiscal Lenin Ortiz Amao, la denuncia se originó gracias a la participación ciudadana y a los esfuerzos para incentivar la cultura de la denuncia en la región.
“Este año recibimos una denuncia anónima, es decir, hay participación ciudadana respecto de este delito, que nos dio información verás sobre un exservidor público de Los Cabos que comprobó un inmueble que le puso en nombre de otra persona, pero se sentaba como dueño un inmueble que rebasaba los ingresos reales», indicó, sin dar más detalles sobre la persona acusada.
El caso se centra en la adquisición de un inmueble que fue registrado a nombre de un tercero, pero en el que el exservidor público se comportaba como propietario. La Fiscalía determinó que el valor de la propiedad excedía los ingresos oficiales del acusado, lo cual generó las sospechas y la apertura del expediente. El fiscal señaló la importancia de la participación de la comunidad y la transparencia para detectar estos actos.
Esta denuncia es una de las 78 recibidas por la Fiscalía Anticorrupción durante 2024. De estas, 18 están relacionadas específicamente con enriquecimiento ilícito, mientras que las otras 60 involucran a servidores públicos en actividades irregulares no vinculadas al desvío de recursos. Aunque el número de denuncias ha crecido, Ortiz Amao indicó que sigue siendo bajo en comparación con las expectativas de la institución.
El fiscal agregó que la colaboración con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha sido clave para promover la participación ciudadana en la detección de estos delitos. «Desde el año pasado que se eliminó el candado para investigar el delito de enriquecimiento ilícito, este año recibimos una denuncia anónima con información veraz», comentó Ortiz Amao.
La investigación del exfuncionario de Los Cabos continúa, y la Fiscalía Anticorrupción espera que este caso motive a más ciudadanos a denunciar irregularidades dentro de la administración pública.