La Paz, Baja California Sur (BCS). Este martes, la diputada Rosalba Rodríguez López dio lectura a un pronunciamiento en el que acusa que el gobernador Carlos Mendoza Davis sigue reteniendo sus recursos, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya reconoció a los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como mayoría, acción que calificó como violencia de género, por lo que ya emprendió una demanda, en conjunto con la morenista, Petra Juárez Maceda.
“Nos enfrentamos a un nuevo obstáculo para ejercer el cargo para el que fuimos electas, al ser retenidos nuestros recursos, nuestras dietas, como se llama la percepción a que tenemos derecho y que nos ha sido suspendida desde mediados de marzo.
“Hemos interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, no podemos permitir que se nos restrinjan nuestros derechos. En términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es toda acción u omisión”, refirió Rosalba Rodríguez.
En este sentido, recordó que el Jefe del Ejecutivo en Baja California Sur continúa impidiendo publicar los decretos establecidos en el Congreso del Estado, lo cual, según ella, restringe sus derechos de diputada: “No a la impunidad”, añadió.
“La retención de nuestros recursos es una grave infracción, el impedir hacer oficial nuestras decisiones en este Poder Legislativo, al negarse a publicar los acuerdos, restringe también nuestro derecho a ejercer el cargo para el cual fuimos electas”, reiteró la también Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.
Cabe destacar que, en su momento, la diputada Milena Quiroga Romero comentó a BCS Noticias que el diálogo con Carlos Mendoza estaba roto, a pesar de la decisión de la Suprema Corte, pues éste sólo se comunica con ellos a través de videos en las redes sociales.
Finalmente, Rodríguez López enfatizó que la limitación de los recursos o prerrogativas está estipulado como violencia política en razón de género, mismo que se encuentra publicado en el Diario Oficial de la Federación; son conductas sancionadas con una pena de 4 años de prisión, concluyó.
