La Paz, Baja California Sur (BCS). “Ya se verá, una vez que llegue”, comentó el mandatario estatal, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, al cuestionarlo sobre la postura que su gobierno tendría en el Consejo Estatal Forestal, ante la autorización condicionada que la administración de Enrique Peña Nieto, otorgó a la minera a cielo abierto Los Cardones.
Y es que el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que la Semarnat “podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos que demuestren que no se compromete la biodiversidad”.
El Consejo Estatal Forestal es presidido por distintas instancias de los tres niveles de gobierno, relacionadas al sector en la entidad. El gobierno del estado ocupa la presidencia de dicho consejo, a través de la Coordinación General de Desarrollo Sustentable.
“Las opiniones están consignadas en el expediente, es información pública, fuimos claros, pueden acceder para consultarla”, expresó.
La Secretaría Promoción y Desarrollo Económico que dirige Joel Ávila Aguilar, emitió una opinión técnica, mediante el oficio SPyDE/CGDS/483/2013, del proyecto minero Los Cardones de Desarrollos Zapal SA de CV y Grupo Invecture (de Ricardo Salinas Pliego), en la que recalcó que “en el ámbito de mi competencia estatal, le manifiesto que el proyecto en evaluación NO ES AMBIENTALMENTE VIABLE PARA SU AUTORIZACIÓN.”
“No garantiza en su documento de Manifestación de Impacto Ambiental y sus anexos, el pleno respeto al Derecho Humano a la calidad del Agua, en el mismo sentido incumple con la Garantía Individual de un Medio Ambiente Sano consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto, y a su vez no garantiza la conservación de los ecosistemas del Estado de Baja California Sur, conforme a lo expresado en el artículo 26 fracción V, en relación directa con los numerales 51 y 52 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del impacto Ambiental”, expresa el documento.
“Ya se verá una vez que llegué al consejo, tendrán mi punto de vista, pero debemos esperar a que se agoten los tiempos”, precisó Covarrubias Villaseñor.
