La Paz, Baja California Sur (BCS). Daniel Hernández, padre de Jonathan, un joven asesinado hace 14 años en La Paz, continúa exigiendo justicia por su hijo; en una reciente entrevista destacó que el Gobierno de Baja California Sur lo buscó para repararle el daño, sin embargo, este pago no se ha logrado.
Sobre la cantidad aseguró que no tiene idea, pero destacó que, en la búsqueda de justicia para su caso, tuvo que hacer gastos fuertes, pedir dinero prestado y hasta vender propiedades. También compartió documentos expedidos por el gobierno con fechas del 17 de enero del 2023 y del 24 de septiembre del mismo año, donde detallaban lo del pago de la reparación del daño.
“En el momento que yo empecé exigir esto, ya tenían mucho tiempo con este documento, ahí guardado en no sé dónde, pero esto fue cuando ya empecé yo a solicitar qué pasaba que también con la reparación del daño, aquí está el otro, donde ya está recibido por finanzas del estado, aquí está el otro sello y firmas, donde ya está este documento”, dijo a los medios.
Hernández compartió que el gobierno se acercó a él hace un año para abordar la reparación del daño de manera económica. Sin embargo, después de varias visitas y comunicaciones, la situación no ha avanzado. Según Daniel, las acciones del gobierno parecían más una “cortina de humo” para distraer la atención de otros temas, y el gobernador incluso llegó a declarar que el caso estaba cerrado, lo que complica aún más el acceso a la justicia.
El padre de la víctima expresó su frustración ante las contradicciones entre el gobernador y el procurador, quienes no coinciden en la situación actual del caso. En una ocasión, la Procuraduría mencionó que había varias líneas de investigación abiertas, mientras que el gobernador sostenía lo contrario, lo que le ha generado confusión y desconfianza en las instituciones.
Durante su búsqueda de respuestas, Hernández acudió a la Comisión de Víctimas, pero fue informado de que la documentación necesaria había sido entregada a la Procuraduría hacía 7 meses, sin que él fuera notificado. Cuando por fin se dirigió a la Procuraduría, se encontró con más demoras y evasivas.
A pesar de las múltiples promesas y reuniones con representantes del gobierno, como el entonces secretario general, Homero Davis, y personal de finanzas, la reparación del daño no se ha concretado. Hernández subrayó que más allá del aspecto económico, lo que verdaderamente busca es justicia para su hijo.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades, responsabilizando a la fiscalía y al gobierno por cualquier situación que afecte su integridad y la de su familia. «Quiero justicia y quiero que se me repare el daño», concluyó Hernández, al recalcar los efectos devastadores que la falta de acción ha tenido en su vida y la de sus seres queridos.
