Gobierno de BCS veta reformas a la ley que despenalizarían exceso de legítima defensa

Foto: ilustrativa
En el tema de la reforma de la legítima defensa, aprobada recientemente en el Congreso del Estado de Baja California Sur, el Gobierno del Estado, decidió vetarla
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La Paz, Baja California Sur (BCS).  Este viernes 7 de julio, autoridades del Gobeirno del Estado de baja California Sur, presidieron una rueda de prensa en donde dieron a conocer la postura de dicho organismo, en el tema de la reforma de la legítima defensa, aprobada recientemente en el Congreso del Estado de Baja California Sur, misma que decidió vetarse.

«El motivo de esta reunión es darles a conocer que hace unos momentos el Gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, presentó una serie de observaciones ante el Honorable Congreso del Estado, con respecto al decreto número 2445, este decreto se refiere a la reforma al código Penal, relativa a lo que en medios de comunicación se ha conocido como Despenalización del Exceso de Legítima Defensa»

La reunión, estuvo presidida por el Jefe de la Oficina del Ejecutivo, Carlos Amed Rochín Álvarez, quien aseguró que luego de haber recibido opiniones del tema, por parte de instancias como la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otras, se decidió vetar esta propuesta de reforma a la ley.

Cabe a destacar que, luego de que el Congreso Estatal aprobara la despenalización por el exceso de la legítima defensa, el secretario general del Gobierno de Baja California Sur, Álvaro de la Peña Angulo, informó que dichas modificaciones serán revisadas por el Poder Ejecutivo, así como Colegio de Abogados, Poder Judicial y otras instancias, antes de publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, toda vez que no se pueden basar en una “buena intención” de un diputado, para así evitar una problemática mayor.

En ese entonces, el Secretario General del Gobierno aclaró que la iniciativa aprobada se encontraba “en pausa” hasta que el Ejecutivo determine si se publica o no, debido a todo lo que pueda generar; es decir, al día de hoy, la iniciativa fue vetada por parte del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Cabe a destacar que tanto el TSJE y la PGJE se habían manifestado públicamente en contra.


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