Gobierno de EPN busca que empresas controlen precio, suministro y calidad de agua en BCS

Conagua pretende, señalan expertos, la privatización del líquido lo que incrementaría precios y monopolio en licitaciones
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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Observatorio Ciudadano de Agua y Saneamiento de La Paz y el reconocido investigador Pedro Arrojo Agudo de la Universidad de Zaragoza, en visita a la ciudad, manifestaron su preocupación por la posible privatización del servicio agua y el cese de licitaciones de obras hidráulicas relacionadas con el sistema de agua potable de los cinco municipios de Baja California Sur.

Denunciaron que el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), impulsa en el Congreso de la Unión la aprobación de la nueva Ley General de Aguas que pretende, según académicos, organizaciones de la sociedad civil y políticos, desnacionalizar los sistemas públicos de agua de la república mexicana.

Al respecto, el reconocido científico español Arrojo Agudo, se sumó a los cuestionamientos que se han generado en torno a la legislación que, dicho sea de paso, ya fue aprobada por las Comisiones  Unidas de Agua Potable y Saneamiento y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.

La medida ocasionó que a nivel nacional se creará un movimiento denominado Agua para Todos, en el cual, Baja California Sur se ha sumado para crear una iniciativa ciudadana paralela, porque afirman que el gobierno mexicano solo beneficiaría a grandes corporativos internacionales.

Una de los puntos que más critican, es que se daría el control absoluto del agua potable a empresas trasnacionales, permitiendo fijar elevados precios, en menoscabo de la sociedad mexicana.

Además, la Conagua limitaría a organismos independientes en la inspección de la calidad del líquido, únicamente sería la dependencia quien autorizaría las medidas, considerando ilegales cualquier tipo de análisis.

Legisladores de Morena, PRD y PT manifestaron su repudio a la acción de las reformas mientras que el PRI, PAN, Partido Verde y Panal apoyaron el dictamen.

Arrojo Agudo, quien además es observador internacional del Observatorio Ciudadano de Agua y Saneamiento de Guadalajara, recordó el caso de la privatización en Saltillo, en la que Aguas de Barcelona (de capital francés) aplicó el modelo europeo que consiste en una participación del municipio en un 51% y 40% para la empresa.

Sin embargo, una vez analizado el contrato por inconformes, en una de las cláusulas, con la firma del alcalde en turno, el ayuntamiento cede los derechos por 40 años de la gestión del agua a la parte minoritaria. No sólo eso, la compañía termina con la licitación de grandes obras hidráulicas y la municipalidad compra directamente cualquier tipo de tecnología.

“Siempre dice mutuo acuerdo de las partes de la gestión de la empresa mixta, pero el control del negocio, será un control monopólico pagado por los usuarios”, expresó.

Y añadió: “Pueden llegar a pagar el triple, compran y vosotros pagáis, a través del mecanismo; en el primer año las facturas no suben, pero después se dobletea el precio”.

Por ahora, la sociedad organizada recolecta 110,000 firmas a través del sitio en internet Aguaparatodos.org.mx para ingresar directamente su propuesta.

Ahí también señalan, entre otras cosas, que la ley que impulsa Conagua permitiría 50 litros/habitante/día, a cambio de un pago, sin mecanismos para exigir que el agua sea de calidad.

“La Conagua seguiría otorgando concesiones excesivas arbitrariamente, las cuales serían sujetas a dinámicas de compra-venta y tendría aún más poderes, incluyendo uso de la fuerza pública; las “instituciones de participación” serían de las empresas operadoras  y las de agroexportación”, precisa en dicho portal.


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