La Paz, Baja California Sur (BCS). Un grupo de habitantes de la colonia 8 de Octubre, ubicada en la comunidad de El Pescadero, en La Paz, Baja California Sur, se manifestó frente a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para denunciar una serie de abusos, extorsiones y detenciones arbitrarias que aseguran haber sufrido por parte de una mesa directiva impuesta sin su consentimiento.
Néstor Gabriel, representante comunitario nombrado por los propios vecinos, explicó que muchos de los colonos no saben leer ni escribir, por lo que lo eligieron para que los representara ante las autoridades. Según Gabriel, la actual mesa directiva fue conformada de manera irregular, mediante una asamblea inexistente y con firmas falsas. “Ellos se autonombraron en la mesa directiva”, afirmó.
Los denunciantes señalan al delegado del Gobierno Nacional Indígena y Afromexicano, Juan Manuel Urquídez Rangel como el principal responsable de los abusos. Aseguran que, junto con otros miembros de la mesa directiva, ha cometido actos de extorsión, fraude y amenazas. “Nos han robado, nos han extorsionado, nos han pedido dinero, nos han vendido documentos”, denunció Gabriel. También acusan que se han realizado detenciones injustas basadas en testimonios falsos.
Uno de los casos más polémicos involucra una bloquera que, según los vecinos, fue construida para beneficio de la comunidad. Sin embargo, Rangel habría asumido su propiedad y acusado a un líder comunitario, conocido como “El Furcio”, de robo. “Tenemos infinidad de pruebas, videos, testigos, audios, donde nunca fue robo como tal”, aseguró Gabriel.
Los colonos han acudido en múltiples ocasiones al Ministerio Público de Todos Santos, pero afirman que sus denuncias han sido ignoradas. Incluso señalan que han recibido amenazas de muerte y actos de intimidación, como visitas nocturnas a sus domicilios. “Queremos que nos escuchen, tenemos derecho a la justicia”, concluyó Gabriel.
