La Paz, Baja California Sur (BCS). Los recursos recaudados por el impuesto del 3 por ciento sobre hospedaje que pagan los visitantes que llegan a la entidad, no son auditados por ninguna autoridad estatal, reveló la contralora del estado, Maritza Muñoz Vargas.
La funcionaria precisó que los recursos no son auditados ni por la Contraloría estatal, ni por el Congreso del Estado, ni por el Órgano Superior de Fiscalización, sino que son los empresarios a través de los fideicomisos los que se revisan y se auditan a sí mismos, aunque entregan a la contraloría «un informe semestral».
Tan sólo en 2013, el monto de los recursos por este impuesto fue de 140 millones de pesos, según confirmó el secretario estatal de Turismo y expresidente del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Rubén Reachi Lugo.
La Contraloría sólo puede aplicar una auditoría en el caso de que exista una denuncia, queja o inconformidad presentada por escrito ante ese órgano y con el debido fundamento, aunque en los últimos seis años no se ha presentado ninguna, dijo Muñoz Vargas.
Aunque aceptó que se trata de recursos públicos, señaló que en la conformación de los fideicomisos que manejan estos recursos así quedó estipulado; es decir, el gobierno del Estado no audita; ellos, a través de la mayoría que tienen en los fideicomisos, deciden en dónde cómo, cuándo, cuánto se aplican y a qué empresas o personas se beneficia, y se comprueban los gastos a sí mismos, y deciden qué acciones son las que promocionan al estado.
Aunque hay consejeros de parte de gobierno del Estado, éstos son minoría y en el caso de la Contraloría solo puede asistir con voz, pero sin voto.
De este modo, los recurrentes viajes al extranjero de los funcionarios y de los empresarios con cargo al erario durante prácticamente todo el año; la contratación de empresas para labores de promoción, como es el caso de la que organiza el Triatlón de La Paz y el Ironman de Los Cabos, y todas demás de este y de años anteriores, recaen en un organismo donde los que deciden son los representantes de la iniciativa privada, una práctica sin antecedente en el estado, donde un impuesto estatal se pone en manos de la iniciativa privada.
De los viajes, los contratos, los gastos de operación, y de todos los recursos, ellos solo se presentan a sí mismos sus comprobaciones.
De acuerdo a la Ley de Hacienda del estado de Baja California Sur, los recursos provenientes del 3 por ciento sobre hospedaje se deben de aplicar de la siguiente manera: el 80 por ciento en acciones que determine el consejo técnico del fideicomiso municipal; el 17:5 para la promoción del todo el estado y el 2.5 por ciento para gastos de administración.
De acuerdo a cálculos preliminares, al término de la actual administración los fideicomisos que manejan los empresarios habrán gastado 560 millones de pesos, con un promedio de 112 millones de pesos anuales.
Con información de El Sudcaliforniano
