La Paz, Baja California Sur (BCS). Ante el pleno legislativo se presentará una iniciativa ciudadana que busca reformar artículos del Código Penal y la Ley de Salud de Baja California Sur, en relación con el aborto; proponen disminuir las penas de prisión contra las mujeres, pasando de penas de 6 meses a 2 años a sentencias de 3 a 6 meses.
“El acceso al aborto legal y seguro es parte esencial de los servicios de salud reproductiva a los que tienen derecho las mujeres […] es fundamental en los derechos de la vida; la Salud, incluida la salud reproductiva; la integridad física; la vida privada; la no discriminación y la autonomía reproductiva de las mujeres”, argumenta la iniciativa.
De aprobarse, el Artículo 152 establecerá sanciones de 3 a 6 meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo comunitario a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta que otro le haga abortar, después de las 12 semanas de embarazo, periodo que difiere a lo existente en la Ley: “en cualquier momento del embarazo”.
Anteriormente, a las mujeres embarazadas que voluntariamente practicaban el aborto se daban de 6 meses a 2 años de prisión y trabajos a la comunidad hasta por 200 jornadas.
La iniciativa ciudadana contempla sanciones para quienes hagan abortar a una mujer, con el consentimiento de ésta, imponiéndose de 1 a 3 años de prisión; dicho apartado establecía de 6 meses a 2 años de prisión o trabajo comunitario por 200 jornadas.
En el caso del aborto sin consentimiento, es decir, en cualquier momento y sin el consentimiento de la embarazada, se impondrá de 5 a 8 años de prisión. Si hubiera violencia física o moral, serán de 8 a 10 años de prisión, medidas que son superiores a lo existente.
De realizarse un aborto o aborto forzado por un médico, cirujano, comadrón o partera, enfermero o practicante, además de las sanciones establecidas, se suspenderá el ejercicio de su profesión u oficio durante el tiempo similar a la pena en prisión, cuando anteriormente se estimaba el doble.
La falta de acceso al aborto legal y seguro es una violación a los derechos reproductivos de las mujeres y tiene un impacto negativo en el ejercicio de sus derechos humanos. En México es un delito que se regula a nivel local con exclusiones de responsabilidad, añade lo expuesto por el ciudadano.
De recibir el apoyo de los diputados de Baja California Sur, los excluyentes de responsabilidad contemplarán que el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida; cuando la mujer corra peligro de afectación grave a su salud a juicio del médico que la asista, oyendo el dictamen de otro médico, de ser posible.
Anteriormente se indicaba que, en los casos de violación o inseminación artificial no consentida, el Ministerio Pública debía autorizar la práctica a solicitud de la víctima; en caso de no existir denuncia, tendría que probar que dichos delitos ocurrieron, para justificar su aborto, apartado que es descartado en esta propuesta.
Además, no se aplicarán penas cuando, a juicio de 2 médicos especialistas, exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan resultar en daños físicos o mentales, que ponen en riesgo la supervivencia del producto, siempre que se tenga consentimiento de la embarazada.
Sobre la reforma a la Ley de Salud del Estado, se establece que las instituciones públicas, gratuitamente y las privadas mediante el costo correspondiente, deberán proceder a la interrupción del embarazo en condiciones de calidad en los supuestos permitidos por el Código Penal, previo consentimiento de la mujer interesada.
