La Paz, Baja California Sur (BCS). A menos de un año de que inicien las campañas para elegir a los cinco alcaldes, gobernador y se renueven los 21 escaños en el Congreso del Estado, han empezado a proliferar asociaciones civiles en las que participan miembros de partidos políticos o funcionarios públicos del gobierno, con el objetivo, advierten, de obtener simpatizantes electorales.
Con la Reforma Electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá más facultades para investigar a las asociaciones civiles que, en época previa a procesos de votación, aparecen por todos lados.
Jesús Alberto Muñetón Galaviz, presidente del todavía Instituto Estatal Electoral (IEE), organismo que será absorbido por el INE en próximos meses, reconoció las atribuciones que tendrán las autoridades electorales en esta materia.
Las sanciones varían desde simples amonestaciones administrativas hasta la cancelación o pérdida de la oportunidad de registrarse para competir como aspirante a alguna posición de elección popular que se estarán jugando en 2015.
Previo a las campañas políticas de 2011, a Luis Armando Díaz, ex candidato a la gubernatura de Baja California Sur, se le relacionó con una agrupación que llevaba sus iniciales, denominada Libre Asociación Democrática (LAD) la cual entregó apoyos económicos y despensas a ciudadanos.
Ricardo Barroso Agramont, cuando aspiraba a la gubernatura, integró a la Asociación Civil México Patria Nueva con la coalición Unidos por Baja California Sur, integrada por Partido Verde de México, Nueva Alianza y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Nuevo Impulso Ciudadano es otra de las organizaciones que reaparición en 2014 de la mano del ex funcionario público, Mario Rieke Alcaraz, cercano a las filas de izquierda de la entidad.
También, recientemente, está el caso del ex secretario técnico del XIV Ayuntamiento de La Paz, Alfredo Reyes Cervantes, quien presentó su renuncia para irse como presidente de una asociación civil.
“Los sujetos o responsables que incurran en actos anticipados de campaña se amplía: se investigarán a aspirantes, precandidatos, candidatos, ciudadanos en la difusión propaganda no permitida, a los equipos de campañas, notarios, ministros; así estarán todos relacionados en lo que cometan”, explicó Muñetón Galaviz.
Hasta ahora ninguna denuncia ha recibido el IEE contra este tipo de organizaciones; “aunque estamos en transición de leyes electorales, el nuevo marco jurídico dará facultades a la federación y localmente a la atención de estas conductas”, precisó.
