Insuficiente el presupuesto federal para seguridad en Los Cabos: Antonio Agúndez

El presidente municipal expresó su reconocimiento a la labor del gobierno federal, pero resaltó la urgencia de incrementar el dinero para prevención y equipo
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La Paz, Baja California Sur (BCS).  El alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, admitió que el recurso que el gobierno de Enrique Peña Nieto otorga, a través del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), es insuficiente.

El edil dijo respetar la estrategia de seguridad que la federación ha implementado, sin embargo, el crecimiento poblacional de Cabo San Lucas y San José del Cabo, ha generado la necesidad de incrementar el presupuesto en seguridad.

“Nosotros creemos que se está haciendo un gran esfuerzo a través de Enrique Peña Nieto, pero nosotros queremos que en Los Cabos se necesitan mayores apoyos, porque sí es importante; Los Cabos es el destino turístico más importante en el pacífico mexicano”, manifestó.

Su argumento para un aumento, son los millones de dólares que genera la actividad turística en Baja California Sur, en un gran porcentaje, dinero proveniente de los servicios que se ofrecen.

La presencia anual  2 millones 300 mil  turistas, de los cuales 300 mil son mexicanos es, del mismo modo, motivo para inyectar dinero para su protección.

También consideró que el blindaje, en un territorio como la media península, es posible. “El Estado y nuestro municipio tienen, geográficamente, todo para ser blindados sin ningún problema, para que podamos trabajar de la mano”, precisó.

“Además, tenemos más de 10 mil residentes extranjeros, debemos otorgar seguridad para que se sientan seguros para invertir, porque la derrama económica es un tema que al final ayuda tener empleo bajar índice delictivo, creando empleos”, mencionó y, además, recalcó que “es por eso importante, esa la justificación”, para solicitar un aumento del recurso en prevención social.

“No fue extorsión, fue fraude”

En otro tema, Agúndez Montaño explicó como sucedió el fraude que se dio a conocer hace unas semanas contra la municipalidad y que, al final, no fue una extorsión telefónica como lo manejaron medios de comunicación en la entidad.

La equivocación que le costó 650 mil pesos, se debió a un servicio que ofrecía una agencia aduanal de Veracruz, en dónde tenían resguardado, desde la administración pasada, equipo que sería entregado a Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal.

Se dio un seguimiento a una serie de correos electrónicos desde cuentas oficiales y, el encargado de la dependencia, decidió proseguir con el trámite. Pagó el efectivo a una cuenta bancaria de Banorte, pero el material nunca llegó al Ayuntamiento.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Procuraduría General de la República (PGR), ya trabajan en una investigación, en la cual él confía.


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