Intereses minero, turístico e industrial en contra de la protección de Sierra La Giganta

La Procuraduría Agraria promovió desde 2012 proyectos de inversión por 6 mil 914 millones, 943 mil pesos en 58 mil 284 hectáreas
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La Paz, Baja California Sur (BCS). La Procuraduría Agraria (PA) desde 2012 promovió proyectos de los sectores minero, turístico, agropecuario e industrial en 60 ejidos de la entidad, de los cuales, una buena parte firmaron el “Pacto de Cadejé” que tiene la finalidad de evitar la declaración de Reserva de la Biosfera de Sierra La Giganta y Guadalupe.

13 núcleos ejidales conformaron el documento “Pacto de Cadejé”, de acuerdo a información que publicó El Sudcaliforniano el 9 de julio de 2014, en el que acusaron de una supuesta simulación en el proceso de consulta pública, mismo que apenas inició; exigen el uso libre en el destino de sus tierras.

El Pacto de Cadejé lo signaron los ejidos: Comondú, San José de la Noria, San José Guajademí, colonia de La Poza, Santo Domingo, La Purísima, Los Cuarenta, San José de Gracia y su anexo Vicente Guerrero, Emiliano Zapata 3, los ejidos Ley Federal de Aguas 2, 3 y 5, y Cadejé.

Por otro lado, en el comunicado de prensa número PA/102, con fecha del 31 de agosto de 2014, confirma que “43 proyectos de desarrollo en distintas modalidades productivas del campo sudcalifornianose realizarían con una inversión que ascienden a 6 mil 914 millones, 943 mil pesos en 58 mil 284 hectáreas, impulsando los sectores agropecuario, turístico, minero y de infraestructura.

Interés ejidal-comercial

Las tierras de los ejidos Santo Domingo y Comondú, por ejemplo, fueron promovidos para uso industrial. En el primero, resalta el yacimiento que existe de fosforita que una empresa canadiense llamada Innophos Incorporation explora actualmente.

Ley Federal de Aguas número 2 y San José de Guajademí están catalogados para que se efectúe minería. Otras tierras ejidales, en la media península, orientadas a la actividad extractiva son Caduaño, San Luis, El Triunfo, Guadalupe Victoria, San Antonio y El Ranchito, pertenecientes a los municipios de Comondú, Los Cabos, La Paz y Mulegé.

Inclusive, el Servicio Geológico Mexicano en el documento Panorama Minero del Estado de Baja California Sur 2011, catalogó 11 regiones mineras. Una de ellas es Punta Concepción, con potencial de proveer Cobre y Manganeso; una sección del predio colinda con Sierra La Giganta y Guadalupe, al igual que Tembabiche, en Loreto, donde se localizan mantos de fosforita.

El desarrollo turístico está también incluido en los ejidos de Ley Federal de Aguas No. 5 y San José de la Noria.

Información que llegó a BCS Noticias, proveniente de testigos que prefirieron no mencionar su nombre, revelaron que el viernes 05 de julio de 2014, la delegación de la Procuraduría Agraria convocó a una reunión con el objetivo de convencer a los ejidatarios de que la constitución del área natural protegida pondría en riesgo el derecho a la propiedad de la tierra.

Presionan minas a áreas naturales

El titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Luis Fueyo, el 26 de diciembre de 2013, manifestó que las concesiones mineras deben evitar otorgarse, por parte de la Secretaría de Economía, en franjas de alta prioridad.

Las licencias de exploración o explotación minera en las áreas naturales protegidas suman 2 mil 31, con una extensión total de 6 millones de hectáreas.

Dos ejemplos son el Área de Protección de Flora y Fauna Valle de Cirios, establecida en los límites de Baja California y Baja California Sur, en la que se busca instalar Grupo México con minera de Cobre El Arco, así como Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna donde Grupo Invecture y Desarrollos Zapal instalaría a Los Cardones.

“Varios de los proyectos para crear nuevas áreas naturales protegidas se ubican en zonas con actividad o potencial de minería. Entre ellos se encuentran los de la Reserva de la Biosfera de Sierra la Giganta y Guadalupe (con un tamaño de un millón 600 mil hectáreas), en Baja California Sur”, expresó para un conocido medio de comunicación.

Benito Bermúdez Almada, director regional de Península de Baja California y Pacífico Norte de la Conanp, admitió que existen 44 concesiones en la serranía que pretenden proteger y, por lo menos, 200 a 300 denuncios mineros.

En Zacatecas se vive algo similar que en el estado. La Cámara Minera de México, la Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México y la Asociación de Pequeños Mineros  de Zacatecas intentan detener el decreto de Reserva de la Biósfera en el Desierto Semiárido de Zacatecas con un espacio de 2.5 millones de hectáreas.

Incluso, se expuso el 3 de julio de 2014 en Televisaregonal.com, que técnicos del Servicio Geológico Mexicano asistieron a una de las reuniones de consulta pública y cuestionaron a la Conanp porque la nueva área natural protegida se oponía al Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio, elaborado por la Semarnat, en el que estableció como prioritaria la minería.

 


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