La Paz, Baja California Sur (BCS).- En torno a los casos de fraude en que se han visto envueltos dos notarios públicos sudcalifornianos, el Gobierno del Estado adelanta que actuará “con mucha contundencia”, precisando que se iniciará una revisión a cada uno de los 27 notarios de la entidad, pues gracias a las denuncias penales que hay en su contra se enciende “un foco de alerta que se debe de atender”.
“Vamos a revisarlo muy a fondo, no se vale que cuando se ha depositado la confianza para ser fedatarios de los ciudadanos, abusen de ello […] No se vale, teniendo un ingreso suficiente, que todavía se abuse de esta facultad que se les ha otorgado por el gobierno […] No solamente con ellos dos, habremos de revisar qué está pasando con todos”, precisó al respecto el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor.
Los notarios acusados son Carlos Enrique Lira Padilla, notario público número 27, y Óscar Amador Encinas, notario público número 09, que fueron llamados a comparecer por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en calidad de inculpados por el delito de fraude maquinado por la cantidad de 2 millones 42 mil 262.50 pesos, en agravio de Alonso Muñoz Arceo, empresario inmobiliario.
Amador Encinas enfrenta otra denuncia por falsificación de documentos y firmas en agravio de la familia Almaraz Méndez, a quien pretende despojar de 483 hectáreas de agostaderos en San Juan de la Costa, suponiendo un fraude de 65 millones de pesos. Asimismo, su hermana María Eugenia, que en el portal Mundo Notarial aparece como titular de la notaría pública 09, se le vio involucrada en un caso de despojo en el predio Bahía Gaviotas que salió a la luz pública en 2008.
Covarrubias Villaseñor asegura que en su administración no se ha otorgado “ninguna” patente, sin embargo, no precisa si se otorgará alguna al finalizar su administración, a mediados del 2015.
Son varios los notarios de BCS que se han sumergido en controversias. Los más conocidos son los ex procuradores relacionados con el caso Jonathan, Fernando González Rubio Cerecer y Karin Francisco Martínez Lizárraga, notarios 14 y 22; Carlos Arámburo Romero, notario número 3, involucrado en una denuncia penal iniciada por la Comercializadora Abarrotera de Baja California Sur, en donde se expone corrupción de varios funcionarios estatales y federales, entre ellos del Sistema Estatal de Desarrollo Integración para la Familia (SEDIF)-.
Alejandro Davis Drew, titular de la Notaría Pública 2, fue dado de baja en septiembre de 2011 por el magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Rafael Siqueiros Flores, por expedir escrituras apócrifas, aunque permanece en funciones.
El notario número 7, José Alberto Cota Salazar, que se le vio relacionado con el despojo de 857 hectáreas en Punta San Cristóbal, denunciado por el empresario René Pinal; asimismo, son conocidos otros notarios por ocupar cargos políticos y de alta envergadura, como el magistrado Raúl Juan Mendoza Unzón, que es el notario número 15, o el propio alcalde de Mulegé, Guillermo Santillán Meza, notario número 20.
