Justicia federal exige a 3 diputados mostrar estrategias legislativas de seguridad para BCS; 2 solicitaron licencia

Los organizadores de la marcha por la paz entregaron una misiva, y ante el silencio del Congreso del Estado, interpusieron un amparo por cada legislador
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La Paz, Baja California Sur (BCS).  El abogado Arturo Rubio Ruíz ganó tres amparos de los 21 que interpuso ante el Juzgado Segundo de Distrito, en Baja California Sur, debido a la nula respuesta del Congreso del Estado sobre las acciones dirigidas para enfrentar la inseguridad en el territorio.

El 30 de octubre de 2014, José Francisco Avilés Núñez, jubilado; Víctor Martínez de Escobar, empresario, y el abogado Arturo Rubio Ruiz, entregaron una misiva a los diputados aún en funciones, pero ésta no fue respondida por ninguno de los legisladores.

En total, 13 de los 21 diputados del Congreso del Estado de BCS pidieron licencia temporal de su cargo y buscar proyectos políticos en 2015.

El otorgamiento de amparo era incuestionable. Ejercí el derecho de petición y la garantía de audiencia. No me contestaron los diputados y ĺa justicia federal me ampara y ello obliga a los jueces a contestar nuestro petitorio, o enfrentar destitución e incluso procesamiento en caso de contumacia”, explicó Rubio Ruíz.

Con el asunto principal 996/2014, el 31 de diciembre de 2014, el juez resolvió proteger a la parte quejosa contra el silencio de Jisela Paes Martínez, quien ahora pidió licencia para participar en la contienda interna del Partido Acción Nacional (PAN).

El 02 de enero, de nueva cuenta el Poder Judicial de la Federación decidió otorgar otro con el número  992/2014 contra Edith Aguilar Villavicencio, quien aún se encuentra activa en la legislatura como diputada independiente, tras dejar al PRD.

El 05 de enero, la justicia de la unión admitió que Rubio Ruíz recibiera una respuesta del aspirante a la alcaldía de Mulegé, el diputado con licencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Salvador Verdugo Ojeda.

“Venimos a requerir de usted, en su calidad y encargo de representante popular, nos informe personalmente por escrito, las acciones que ha emprendido y que emprenderá en el ámbito de sus atribuciones para recupera la paz y la tranquilidad que nos ha sido arrebatada a los habitantes de la entidad”, indica el texto.

Serán 10 días para que los integrantes de la XIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur ofrezcan una contestación.  Si nadie recurre la sentencia, explicaron expertos a BCS Noticias, serán tres días más para que cumplan con apercibimiento de destitución y consignación.

“Es una vergüenza que tengas que amparte para que tu “representante popular” atienda a tu petitorio. Este hecho habla de la falta de compromiso social de nuestros diputados”, agregó.

Víctor Martínez de Escobar, exdiputado por la vieja guardia del PAN,  así como José Francisco Avilés Núñez, simpatizante del PRI y Arturo Rubio Ruíz, organizaron marchas para exigir al Gobierno de BCS la paz en la capital.


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