La Paz, Baja California Sur (BCS). Durante la administración del gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, fueron inhabilitados cuatro funcionarios públicos, a quienes además se les aplicaron sanciones económicas, según reveló Ismael Peñaloza Pineda, titular de la Contraloría General del Estado (CGE).
“Se fincaron los procedimientos correspondientes, se determinó la responsabilidad, se les dieron las facilidades como deben ser, sus derechos de réplica, sin embargo no aportaron evidencias y se concretaron las resoluciones en inhabilitaciones y sanciones administrativas, así como pecuniarias”, detalló el contralor, agregando que la inhabilitación “se pasa a la Función Pública, para que sea boletinada a nivel nacional”.
En este momento, la CGE cuenta con más de 20 procesos administrativos en proceso, los cuales se encuentran en etapa de “alegatos y presentación de evidencias”, sin embargo este año concluyeron alrededor de 10 concluidos, siendo el más reciente el de la directora de la Escuela Superior de Cultura Física (Escufi) y su administrador, Yolanda Chiapa Díaz y Noé Manríquez, respectivamente; los otros dos funcionarios cesados pertenecían a la Secretaría de Pesca y Acuacultura (Sepesca) y al Instituto Tecnológico de Ciudad Constitución (ITCC).
Por otra parte, Peñaloza Pineda recordó que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) revisa las finanzas de los nueve estados que realizaron elecciones en junio de este año, incluyendo BCS, descubriendo que existen señalamientos sobre la Secretaría de Salud (SSA) por la falta de comprobación en el gasto de aproximadamente un millón 688,000 pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) y el Seguro Popular.
“Nos hicieron un señalamiento en el caso de la Secretaría de Salud, pero eso la Secretaría de Salud ya lo está atendiendo, inclusive se han hecho aportaciones de evidencias, pero no ha resuelto todavía la Auditoria Superior de la Federación, no lo marcan como estatus en proceso de resolución, sin embargo todavía hay algunas evidencias que aportar y hemos estado trabajando con el secretario de Salud para que presente esas evidencias, y creemos que se va a resolver satisfactoriamente”.
Asimismo, el contralor se refirió al caso del exgobernador Narciso Agúndez Montaño, acusado de peculado y otros delitos, asegurando que la dependencia espera lograr en su contra la “inhabilitación y la multa correspondiente por el daño patrimonial que se generó” antes de terminar la administración.
“Que no se nos pase a la siguiente administración, que logremos cerrarla nosotros, estamos haciendo el máximo esfuerzo para cumplir con todos los señalamientos, a fin de evitar que nuevamente las salas administrativas nos orden una nueva reposición […] Esperamos en estos poquitos días que tenemos cerrar la investigación, estamos por terminar algunos puntos leves, de ajustes más que nada, pero sí cumplimos con la resolución que dictó el juez que lleva la causa, quien ordenó la reposición del procedimiento, el cual la Contraloría lo inició nuevamente por algunas inconsistencias que tenía, sin embargo ya se dio la oportunidad de la defensa a los encausados y estamos por determinarlo”.
