La Paz, Baja California Sur (BCS). En redes sociales, una exempleada de un conocido laboratorio de La Paz compartió las supuestas prácticas negligentes que realizaba el lugar donde laboraba, que incluían la utilización de reactivos caducos para las pruebas del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), así como sus desechos en la basura municipal, lo que ha puesto en riesgo a los empleados de Servicios Públicos.
Según explica la Química Bacterióloga Parasitóloga, Gloria María de Jesús Romero Beltrán, fue el 22 de junio cuando comenzó a trabajar en una empresa llamada Laboratorios SADAT, la cual recibe pacientes con VIH de hospitales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), debido a la saturación por casos positivos de Covid-19.
“Hoy me despidieron porque mi ética me llevó a denunciar ante la Coepris que están utilizando reactivos caducos para los pacientes subrogados del IMSS y del ISSSTE. Poniendo en riesgo su integridad. Además de un mal manejo de residuos RPBI (Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos)”, escribió en Twitter.
Ella alega no es un bot, mostrando su cédula profesional y la denuncia completa que fue recibida por la titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Blanca Pulido Medrano.
También mencionó que los desechos biológicos son tirados a la basura en bolsas negras normales, lo cual pone en riesgo al personal que los recoge: «Lo peor es que también tiran los desechos «RPBI» a la basura municipal poniendo en riesgo al personal de servicios públicos».
Gloria también explica que mientras trabajaba en dicho laboratorio solicitó el material necesario para poder laborar de acuerdo a las normas establecidas de seguridad e higiene, sin embargo, no había o le dieron pocas unidades.
Por otro lado, el laboratorio también realiza pruebas de detección del virus Sars-CoV2, cuyos resultados, alega la demandante, se ven afectados por no seguir los lineamientos establecidos.
Finalmente dijo que su última quincena está retenida “como ‘venganza’ por no acceder a violar la ley y los derechos humanos”. Ante esto pide a diversas autoridades competentes, como la Coepris, que intercedan en su caso.
Sería un latrocinio igual de grave que las autoridades no actuaran en consecuencia.