Lluvia de querellas en el Congreso BCS; 12 diputados están penalmente denunciados por fraude

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Los conflictos al interior del Congreso del Estado de Baja California Sur, escalaron a otro nivel este jueves 14 de marzo del año en curso derivando en procesos penales; esto, luego de que trascendieran 2 demandas presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en contra de 12 legisladores de “Juntos Haremos Historia” por diversos delitos, como Fraude, Usurpación y Falsificación, entre otros.

Las denuncias, fueron interpuestas por un bloque opositor, surgido de diversas fuerzas políticas, en el Congreso del Estado: Ramiro Ruiz Flores (Sin partido); Héctor Manuel Ortega Pillado (Morena); Carlos José Van Wormer Ruiz (Morena); Sandra Moreno Vásquez (Sin partido); Marisela Pineda García (PRD); José Luis Pérpuli Drew (PRS); Elizabeth Rocha Torres (PAN); Daniela Viviana Rubio Avilés (Humanista) y Anita Beltrán Peralta (PRI).

“Por medio del presente escrito y con fundamento en lo establecido por los artículos 8°, 14, 16 y 20 apartado “C” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a los artículos 239, 261, 270 párrafo primero fracción II y párrafo segundo, 279,291 párrafo segundo, 299,322,359 fracciones III y VII, 360 fracción I, y 361 fracciones I,II, VII, y demás relativos aplicables del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; venimos  ante esta representación Social a Formular Formal Querella en contra de los diputados de la Décimo Quinta Legislatura: Milena Paola Quiroga Romero, Homero González Medrano, Petra Juárez Maceda, Lorenia Lineth Montaño Ruiz, Perla Flores Leyva, Rigoberto Murillo Aguilar, Rosalba Rodríguez López,Humberto Arce Cordero,Soledad Saldaña Bañales, Marcelo Armenta, María  Mercedes Maciel Ortiz y  Esteban Ojeda Ramírez, Y/O quien resulte responsable, por los delitos de Fraude, Ejercicio Ilícito del Servicio Público, Administración Fraudulenta, Coalición de Servidores Públicos, Falsedad de Servidores Públicos, Usurpación de Funciones Públicas, Fraude Procesal, Falsificación o Alteración y Uso Indebido de Documento, Falsificación o Alteración y Uso Indebido de Documento Equiparado, y los que resulten, ilícitos cometidos en agravio de los suscritos y del Poder Legislativo del Estado”, se lee textualmente en la demanda presentada ante la PGJE. 

Esta denuncia, nace luego de que en la pasada sesión pública de manera arbitraria el bloque hoy demandado, decide votar la destitución de Ramiro Ruiz Flores, como presidente de la Comisión de Cuenta Pública y Administración, –que es la que se encarga de manejar el dinero del poder legislativo–, logrando mayoritear la acción gracias al apoyo de los 3 diputados del Partido Encuentro Social (PES) pues el puesto, pasaría a ser de uno de los integrantes de su fracción: Rigoberto Murillo Aguilar, quien también preside la comisión de Transporte y Movilidad. 

Al día siguiente los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de BCS, que también es presidida por Ramiro Ruiz Flores, acordaron que la destitución del antes mencionado quedaría revocada y sin efecto, dado a que ésta no fue incluída en el Orden Del Día y no contaba con una aprobación previa de la Junta de Gobierno;

Es decir, Ruiz Flores logró retener la Comisión de Cuenta Pública gracias a errores en el proceso de sus compañeros y legitimó esta decisión plasmándola en el Diario Oficial del Congreso, además de enviar una carta firmada a la Contraloría para hacerle saber que él es el único responsables de dicho encargo y no Rigoberto Murillo, como lo buscaban algunos de sus compañeros. 

La segunda demanda de los opositores, contra Rigoberto Murillo por los 337,000 pesos

Además de proceder penalmente en contra de 12 legisladores, el bloque opositor también interpuso una demanda específicamente en contra del diputado de la fracción extinta del Partido Encuentro Social (PES), Rigoberto Murillo Aguilar, luego de que fuera acusado de desaparecer al menos 337,000 pesos que serían utilizados para cubrir los gastos de un Foro de Movilidad, el pasado mes de diciembre de 2018. 

Según lo establecido en la demanda, con fecha de Miércoles 12 de marzo: “En fecha 5 de noviembre del año 2018, el diputado Rigoberto Murillo Aguilar, mediante un oficio número HCEBCS-RMA/0302018, remitió una factura a nombre de Guillermo Sánchez Flores, por la cantidad de 337,000 pesos, por concepto de Asesoría profesional en relación con la Iniciativa de Ley de Movilidad del Estado de Baja California Sur, mediante el cual, el diputado Rigoberto Murillo pretendía acreditar el gasto entregado por el H. Congreso del Estado de BCS. En consecuencia el que suscribe remitió el oficio número RRF/217/2018 a la directora de Finanzas del Congreso del Estado, donde se le solicita hacer lo conducente para el pago al C. Guillermo Sánchez Flores, por la cantidad de 337,000 pesos”, se lee textualmente. 

Es decir, tal como lo había señalado Ramiro Ruiz Flores durante una serie de preguntas con la prensa, en la pasada sesión permanente del Congreso, el recinto legislativo habría otorgado los 337,000 pesos para el pago de la empresa; sin embargo la empresa no los recibió. 

“Ustedes saben que el año pasado hubo foros de movilidad y, desafortunadamente, un compañero diputado recibió un recurso formalmente por 337,000 pesos, contrató una empresa para que hiciera esos foros, recibió el dinero y el recurso, entregaron una factura y después la empresa no recibió el dinero”, declaró ante los medios de comunicación.

Por tanto, la segunda demanda presentada por el bloque opositor pide a la Procuraduría General de Justicia del Estado investigar “hechos posiblemente constitutivos de delito, cometidos en agravio del H. Congreso del Estado de Baja California Sur”, dado que hasta el momento se desconoce el paradero del recurso. 


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