La Paz, Baja California Sur (BCS). Daniel José Sánchez Ávila, quien perdiera – el 17 de junio pasado – la demanda contra el Gobierno del Estado, donde exigía restitución de daños causados hacia su persona y familia por haber sido enviado injustamente a prisión en el 2010 por la muerte de Jonathan Hernández Ascencio, considera que el magistrado Paul Razo Brooks – quien dio el fallo – no era la persona capacitada para hacerlo, pues dice que nunca tuvo experiencia en Derecho Penal.
“Cómo puede ser magistrado alguien que no está preparado y no tiene carrera judicial, todos los cursos y eso, son desde que es Magistrado para acá, desde antes no tiene nada”, expresó Daniel.
Daniel, quien fuera acusado y encarcelado por el homicidio de Jonathan Hernández Ascencio en el 2010, salió libre en el 2012 ya que no hubo pruebas que lo señalaran como culpable del delito, demandó al Gobierno del Estado y a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por los agravios, principalmente económicos, que sufrió durante todo el proceso penal que vivió. La demanda la puso en el año del 2012, poco después de salir del Centro de Reinserción Social (Cereso).
Durante ese proceso de juicio administrativo, y meses antes de que se emitiera un resolutivo, asignaron al magistrado Paul Razo Brooks para que diera el fallo sobre la demanda contra el Gobierno del Estado. Finalmente, el 16 de junio emitió la resolución del caso, declarando improcedente la Reclamación de Responsabilidad Patrimonial instaurada por Daniel José Sánchez Ávila en contra del Poder Ejecutivo Gobierno del Estado.
“Esta sentencia la emitió el magistrado Paul Razo Brooks”, dijo Daniel un día después de conocer la noticia. “En sus manos estaba hacer lo justo, y se decidió por lo injusto, porque en la sentencia venía detallado todo […] A este magistrado lo pusieron las mismas personas que me hicieron esto en la pasada administración, o sea, no hay confianza, y aquí se vio; no sé si hubo una línea de que así fuera, de que no saliera a favor nuestra”.
Según explica Daniel, “en el 2014, fue cuando el gobernador (Marcos) Covarrubias ofreció esa terna, era él y otros dos abogados que sí tenían experiencia, tenía despacho; a este señor nadie lo conocía, yo investigué mucho, mucha gente estuvo inconforme en el Congreso de cómo iban a poner a alguien desconocido. Imagina en las manos de quién estamos para la justicia en Baja California Sur.
“Así sinceramente, en amigos en común de ellos y de nosotros, ya sabes que La Paz está chica, nos mencionan que más que nada fue por las esposas de Covarrubias y del Magistrado, pidiéndole trabajo, y antes de salir Covarrubias lo ponen a él. Ganó con demasiada diferencia en la terna. Qué te pone a pensar, lo puso el mismo Gobernador. Le están dando los casos a él para que los resuelva a favor de ellos […] No es casualidad, es algo que el mismo Gobernador hizo. Está decidiendo casos que heredó el mismo Gobernador”, narró.
Cabe recordar que en diciembre del 2014, Marcos Covarrubias Villaseñor envió al Congreso del Estado la terna para elegir al magistrado que habría de suplir en el cargo a Alejandro Santoyo Padilla. Entre las personas propuestas estaban Paul Razo Brooks, Gilberto Arredondo Calderón y Carlos Adrián León Zepeda. En su momento, los diputados de esa legislatura, principalmente del PRI, la rechazaron, pues consideraban que carecían de carrera judicial, uno de los principales requisitos; pero, finalmente, Razo Brooks fue electo.
En ese sentido, el mismo Daniel y su familia, inconformes con la resolución, decidieron interponer un amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde un juez federal determinará si el caso fue resulto correctamente o no. Además, los Sánchez Ávila tomaron la iniciativa de buscar más información sobre Paul Razo Brooks y su experiencia, capacidad y conocimientos en materia penal.
“Como se sabe, la sentencia la dictó el magistrado Paul Razo, y nosotros inconformes nos pusimos a investigar quién era, pues no sabíamos quién era esa persona ni nada y pedimos su currículum, batallamos mucho para conseguirlo y cuando lo vimos, qué sorpresa, no tiene nada de experiencia”, expresó Daniel.
Fue así como, a través de una solicitud de información – con número de oficio SGA-1298-2016 – pidieron revisar el currículo del Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), en donde encontraron que, antes de tener el cargo a partir del 2014, no tuvo experiencia laboral en el área penal, sólo en materia fiscal; además, todos los cursos y seminarios en la rama judicial los ha tomado después de llegar al puesto que hoy ostenta.
Entre los datos que detalla el documento están que, previamente a ser Magistrado, fue: “del 2006 al 2014, Socio Jurídico en GPM Contadores y Audiores, SC, donde prestaban servicios en materia Corporativa, Mercantil, Laboral, Civil, Fiscal y Defensa Legal; del 2001 al 2005 fue Subadministrador en la Administración Local de Auditoría Fiscal en la SHCP en La Paz; y, del 2000 al 2001, trabajó en el área de Fiscalización del Infonavit”.
De los cursos y seminarios previos a su cargo como Magistrado, la gran mayoría tiene que ver con temas laborales, fiscales, contadores públicos, entre otros.
“Nosotros ya metimos el amparo federal y ahí nos van a decir cómo se realizó esta sentencia. Ahí se va a decir si estuvo bien o mal y darán una recomendación, que se gire otra sentencia”, añadió sobre el proceso que sigue, que ahora está en un Tribunal Federal y decidirá si fue correcta o no la sentencia de Razo Brooks.
