Morena acepta sesionar con oposición restituida para aprobar otra vez desaladora de Los Cabos

Los legisladores mencionaron que se reunirán el miércoles, fecha límite para aprobar la desaladora, para darle visto bueno al decreto que ya habían autorizado, pero que fue tumbado por la Suprema Corte
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La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que se restituyera a todos los diputados de oposición, que habían sido despedidos tras un juicio político encabezado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), los legisladores Homero González y Esteban Ojeda, propusieron sesionar de manera urgente para aprobar este miércoles, por segunda vez, el proyecto de la desaladora de Los Cabos.

Esta decisión se da después de que Morena se resistiera en muchas ocasiones a volver a legislar el tema, que desde hace días la Suprema Corte había calificado como invalido, por la conformación ilegal que tenía en ese entonces el Congreso de Baja California Sur. En su momento, el argumento era que exponía la Cuarta Transformación era que el proyecto que ellos aprobaron sí era efectivo.

La nueva presidenta de la Mesa Directiva, Mercedes Maciel, convocó a una sesión pública extraordinaria para tocar, como único punto, el de la autorización de un crédito para el Ayuntamiento de Los Cabos, que le permitiría a aquel Gobierno tener acceso al financiamiento para la construcción de esa planta, que proveerá de agua a Cabo San Lucas.

Es importante mencionar que el Congreso del Estado tiene como fecha límite, para darle visto bueno al proyecto, hasta el 30 de septiembre; es decir, en menos de 24 horas el decreto deberá ser aprobado en el pleno para que después el gobernador Carlos Mendoza Davis lo publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

La desaladora, ya había sido aprobado en una primera ocasión, aunque con los suplentes de los diputados de oposición destituidos, los cuales lograron tumbar su Juicio Político, gracias a una controversia interpuesta en la Suprema Corte de Justicia, que ahora les permite volver, pero que a su vez invalida todo lo que se había legislado en el Congreso, incluyendo la planta.


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