Los Cabos, Baja California Sur (BCS). La candidata a la gubernatura por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Armida Castro Guzmán advirtió que, a pesar de que el Tribunal Estatal Electoral (TEE) determinó improcedente su denuncia contra Víctor Castro Cosío, con motivo de violencia política en razón de género, reiteró que impugnará si lo cree pertinente y afirmó que las denuncias hacia los morenistas no pararán si hay más faltas de respeto, así como la aparición de pruebas que ratifiquen sus actos anticipados de campaña.
“Si no cambian, si siguen usando sus perfiles falsos con periodistas o pseudoperiodistas para difamar, humillarme y ofenderme o faltar al respeto por cualquier medio, por supuesto que habrá más denuncias”, fueron las palabras de la aspirante a la gubernatura de Baja California Sur.
Asimismo, aseguró que, aunque las pruebas que presentó contra el abanderado de la coalición «Juntos Haremos Historia» ante el TEE no fueron suficientes, en su opinión “sí se ha ejercido demasiada violencia política, así como actos anticipados de campaña, colgándose (sic) de recursos federales y con abuso de poder”, afirmó.
Por otra parte, durante el evento en el que ella y el aspirante a la presidencia municipal por el mismo partido, Carlos “Chaky” Van Wormer, arrancaron sus respectivas campañas, Castro Guzmán expresó que: “Les ha molestado todo de mí, pero no hay manera de que cuestionen mi trabajo. No vamos a permitir faltas de respeto, porque tan digno es mi trabajo, como el de Chaky y el de todos”.
Finalmente, cabe recordar que la denuncia en contra de Alberto Rentería Santana, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue la primera sentencia por Violencia Política en Razón de Género contra un dirigente en Baja California Sur, luego de haberse determinado que el dirigente ejerció violencia simbólica en distintas ocasiones al referir que la candidatura de Los Cabos estaba destinada para un hombre.
Rentería Santana fue sancionado con una multa económica de cerca de 8,000 pesos, además de estar en obligación de pedir una disculpa pública a la afectada. Sus declaraciones le costaron, además, la integración al Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género.
