La Paz, Baja California Sur (BCS). La empresa Oceanografía S.A. de C.V. interpuso el amparo laboral 31/2014 ante la Junta Federal número 58 del Poder Judicial de la Federación para evitar posibles sentencias de futuras denuncias de trabajadores inconformes y que le signifiquen un gasto.
El Juzgado Primero de Distrito en el Estado con residencia en la capital de Baja California Sur le fue notificado, según la Lista de Acuerdos de dicho órgano de justicia.
El 29 de mayo del año en curso, la compañía citó a cerca de 50 empleados a quienes, en su mayoría, les debía desde hace un mes, su finiquito. A modo de oferta, la contadora Norma Areli Rivera afirmó que había conseguido que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) pagara, sin embargo, no la cantidad convenida por ley.
15 mil pesos les ofrecieron a la plantilla de obreros que, por el tiempo que estuvieron sin una paga luego de la denuncia de Banamex que ocasionó el embargo de las cuentas de Oceanografía por el SAE, tuvieron que aceptar. Uno a uno pasó a firmar el recibo de su liquidación.
Javier Castro no estuvo conforme. Hasta ahora inició una demanda contra Oceanografía en la Procuraduría Federal de Protección al Trabajo (Profedet). Él estimó debería recibir 45 mil pesos más el pago de las prestaciones de ley correspondientes al año y medio en el que laboró. Y es que hace unos meses su despido, aseguró, fue injustificado
En Ciudad del Carmen, Campeche, la situación es similar. Diarios de aquella región consignan que antes de la crisis en que entró Oceanografía y Transporte Naviero Terrestre, no acató el laudo de 630 mil pesos que dictó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 52 desde 2012 por un adeudo con el ex empleado Dámaso Zúñiga Esquivel.
