PGR intervendrá en BCS sólo con «solicitud formal» o en caso de «extrema violencia»: Segob

La Paz Baja California Sur (BCS). Hasta el momento, la Secretaría de Gobernación (Segob) no tiene conocimiento de “una solicitud formal” por parte del Gobierno del Estado para que se dé la intervención en BCS del Gobierno de la República ante los más de 100 homicidios ocurridos en La Paz durante los últimos meses, sin ella, la única forma de que “fuerzas federales” atraigan las investigaciones sobre estos casos es que se presente “una situación de extrema violencia”, según explica el delegado de la dependencia federal en la media península, José Ricardo Millán Bueno.

“Efectivamente, conforme sean los requerimientos que haga el Gobierno Estatal es como el Gobierno Federal participa”, dijo, “no conozco una solicitud formal”.

Millán Bueno mostró que en “casos extraordinarios” como las masacres ocurridas en Jalisco y Tamaulipas, es cuando la federación implementa “una acción inmediata e integral, directa”, considerando “un riesgo inminente hacia toda la población” a causa de “actos que van más allá de una violencia cotidiana”.

Un ejemplo de esa amenaza, reiteró el delegado de la Segob, fue la reacción del Gobierno de la República luego del paso del huracán Odile, cuando más de 5,000 elementos de “fuerzas federales” se apostaron en la entidad.

“Si hay una situación de extrema violencia, donde las situaciones ya se estén desarrollando en un ámbito como el que vimos en otras entidades, por supuesto que habrá la decisión oportuna y reiterada del Gobierno de la República”, insistió José Ricardo Millán.

“No debe haber ninguna duda en cuanto al apoyo del Gobierno de la República, se ha dado a través de recursos económicos, recursos presupuestales, con presencia también de fuerza federal, a como ha sido requerida, y el Gobierno Federal está atento a cualquier llamado y cualquier petición que haga el Gobierno Estatal para seguir atendiendo el tema”.

Como coordinador de los delegados federales instalados en el estado, el representante del secretario Miguel Ángel Osorio Chong se refirió al caso de José Eduardo Peruyero Redondo, delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), quien recientemente fue criticado luego de ser captado en un viaje de placer a bordo de un yate, justo en este marco de inseguridad que percibe la ciudadanía, y pidió recordar que las dependencias del Estado son conformadas “por ciudadanos y personas que tiene derechos y tienen vida privada […] Si no está interfiriendo en sus facultades o en sus atribuciones o en sus días hábiles, creo que somos libres de disfrutar de las bellezas que hay en este estado”.

En el mismo tenor, Ricardo Millán Bueno abordó el tema de algunos ejecutados que se ha descubierto que en fechas anteriores habían sido detenidos por la PGR en posesión de drogas y armas, indicando que aunque quizá sí fueron culpables de algún delito, pudieron haber estado en libertad por el pago de una fianza.

“No es que sea una situación de ponerlos en libertad, son derechos que tienen como ciudadanos, de que si hay delitos que no son graves y que tienen el derecho a una fianza, se cubre la correspondiente y no necesariamente es la PGR la que los libera sino que se pueden poner a disposición del juez, y una vez que se ponen a deposición del juez y se les fija la fianza por no ser delito grave y esta es cubierta, tienen derecho a gozar del beneficio de la libertad condicionada. Ese es el esquema, no es que queden libres o que no sean culpables, sino que simple y sencillamente están gozando de un derecho que los otorga la Constitución […] Se dice que son armas de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea, pero también hay la situación de que no por ello y porque se haya usado un tipo de arma se pueden atraer este tipo de delitos, los homicidios son del orden local, le corresponde a la Procuraduría Estatal investigarlos y resolverlos y si se encuentran elementos vinculatorios de delincuencia organizada, se turna a la PGR, quien analiza investigación correspondiente, no al homicidio, sino al ámbito de delincuencia organizada y de las armas de fuego que se utilizaron (sic)”.

Acerca de la división de Gendarmería Nacional de la Policía Federal, que en 2014 tuvo gran presencia en todo La Paz y hoy se limita únicamente a su malecón y zona centro, el funcionario apuntó que “conforme a su marco normativo cumple una función específica, en este caso de salvaguarda de la actividad turística en el estado”, por eso se haya ubicada en estas zonas, además de Los Cabos.

En otro tema, referente al espionaje telefónico que se ha hecho evidente durante este año a actores políticos locales y grupos ambientalistas, los cuales en algunos casos han culpado directamente al aparato de inteligencia y seguridad de la nación, el delegado de la Segob se mostró definitivo y sostuvo que el Gobierno de la República no está involucrado.

“Absolutamente no, ya lo declaró el secretario de Gobernación, el aparato de seguridad y de seguridad nacional que maneja el Gobierno de la República es única y exclusivamente para combatir la delincuencia y para aquellas acciones que tengan que ver con la seguridad de los ciudadanos […] No existe ningún indicio de que el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación o cualquier otra entidad gubernamental, esté haciendo este tipo de intervenciones […] No estamos en ningún momento interfiriendo, ni en el proceso electoral ni en la vida cotidiana de los ciudadanos […] Sólo un juez puede autorizar a una autoridad hacer este tipo de intervenciones, con una razón plenamente fundada y motivada, antes no se pudiese hacer de ninguna manera”.

Finalmente, respecto al incendio que se vivió en Comondú el pasado fin de semana, donde 45 viviendas resultaron en pérdida total, la delegación de la Segob informó que se ha otorgado la declaratoria de emergencia por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil para este municipio, lo que “da pie a que las diversas dependencias federales puedan ya hacer uso de recursos y de acciones para poder llevar a cabo algunas estrategias en aquella zona”, como empleo temporal, recuperación de vivienda y recuperación de ato ganadero.