La Paz, Baja California Sur (BCS).- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a través de su titular, Gamill Arreola Leal, busca ejercer un juicio de desafuero contra dos jueces en Baja California Sur, entre los que está Sergio Aguilar Navarro, quien dictó la libertad al ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, con el pago de una fianza de 31 mil pesos.
La solicitud hecha por Arreola Leal, la semana pasada, fue recibida por la diputada panista Jisela Paes Martínez, quién la turnó a la Comisión Investigadora, presidida por Ramón Alvarado Higuera, la cual decidirá, con base en pruebas que presentó la PGJE si la petición en procedente.
Para el abogado penalista Arturo Rubio Ruiz, la decisión del procurador de pedir al Congreso local la eliminación de la figura de Exclusión Persecutoria contra los jueces, es muy grave, y representa, dijo, una acción de terrorismo criminal.
Rubio Ruiz señaló, que llama mucho la atención que en los dos casos donde se solicita el desafuero a jueces, esté vinculado el actual titular de la Procuraduría, quién ha tenido relación laboral con las empresas afectadas por las resoluciones penales.
“Los terrenos que son materia de litigio en el caso de Narciso Agúndez, eran administrados por una asocian de colonos de Los Cabos, donde Gamill Arreola trabajaba en actos de cobranza”, manifestó.
En la segunda empresa, afectada por la resolución de un juez que ahora podría ser desaforado, “¿quién crees que era el apoderado? el procurador, Gamill Arreola; entonces, como que es algo sospechoso, dos asuntos donde no se favorece a dos entidades para las cuales trabajó el procurador”, denunció.
Que los procesos penales en la PGJE, como el del ex gobernador perredista, sean un fracaso, en gran parte es consecuencia del mal trabajo del Ministerio Público, destacó, quienes integran un mal el expediente, por lo que los jueces se ven obligados a liberar a los inculpados, insistió.
De ser procedente la petición del procurador, ambos jueces podrían ser procesados penalmente, fincando un procedente, expresó, que intimidaría a quienes decidan emitir una sentencia que no sea favorable a los intereses de la PGJE.
“Esta es una cortina de presión muy fuerte en contra del juez Álvaro Valenzuela —encargado del juicio de Jonathan Hernández—, porque está por resolverse el asunto de Daniel (Sánchez), y es para decirles “mira, si sueltas a Daniel te puedo perseguir”, sostuvo.
