La Paz, Baja California Sur (BCS). El presidente de la asociación “México, Comunicación y Medio Ambiente, A.C.”, Carlos Álvarez Flores, presentó ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), una demanda por presunto delito ambiental en contra de 3 empresas de La Paz. Se relaciona al hallazgo de un vertedero a cielo abierto en El Cardonal.
En la denuncia popular se detalla que las empresas serían responsables del tiradero de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI), a un costado de la carretera,en el kilómetro (km) 8, a la altura de la subdelegación El Cardonal, de ese municipio paceño.
Según un descubrimiento realizado en marzo del presente año (2024), se encontraron bolsas de plástico con tubos de ensayo, cajas de Petri, agujas, equipos de venoclisis, jeringas, hojas de bisturí, entre otros materiales infectocontagiosos.
El promotor de la denuncia denunció que al menos una de las entidades acusadas tendría domicilio en el estado de Sonora, mismo que se encarga de manejar residuos en clínicas y hospitales de la zona noroeste. “Es alarmante que lo haga de manera tan irresponsable”, expresó Álvarez Flores.
Además, señaló que, una en particular sería la presunta responsable por arrojar residuos en El Cardonal; según él, provienen del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar) de Baja California Sur, de una franquicia de farmacia y otras clínicas.
Además, esta empresa habría tenido contratos por 75 millones de pesos (mdp) entre 2015 y 2021, lo que agrava su presunta falta de responsabilidad.
Comentó que, está solicitando que estas 3 empresas sean sancionadas conforme lo establece el código 416 del Código Penal Federal de México y la NOM-087-22-2002, es decir, los responsables podrían pasar de 1 a 9 años en prisión. “Es un delito ambiental federal. Esto se castica con 1 a 9 años de cárcel, sin fianza, según el artículo 416, del Código Penal Federal de México, establece la pena que se aplica a quienes, de forma ilegal, depositan o infiltran contaminantes a los recursos naturales”, refirió.
El presidente de “México, Comunicación y Medio Ambiente A.C.”, aseguró que, también, gestionará la revocación de sus autorizaciones en Ciudad de México (CDMX) hasta que se garantice el manejo adecuado de los residuos, señalando que, no se tiene precisión de dónde y cómo es el final de los RPBI, por lo que las autoridades locales deberían de estar alertas ante esta situación.
“COBA y SIMMA, son 2 empresas foráneas y que prestan sus servicios a hospitales, clínicas, laboratorios y otros establecimientos que manejan este tipo de residuos en Baja California Sur; sin embargo, son foráneas, y no hay una precisión de dónde y cómo es el destino final de dichos RPBI, por lo que las autoridades locales en la entidad también deben tener una alerta en esta materia”, manifestó en su pronunciamiento.
Con información de NBCS Noticias
