Presidente de Junta de Conciliación de Comondú, apoya a empresa que abandonó a sus empleados

Presuntamente, el funcionario habría cometido desacato al negarse a emplazar a juicio a una empresa que despidió injustificadamente a 60 trabajadores
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La Paz, Baja California Sur (BCS). A dos años de iniciado el conflicto laboral en la empresa empacadora Dolphin Blue Crabs S. A. de C. V., los más de 60 trabajadores despedidos interpusieron una denuncia contra el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje 01, radicada en Comondú, Jesús Roberto Camarillo Guillén, con número de expediente LPZ/045/SPB/2015, acusándolo de ejercicio ilegal y abandono del servicio público, abuso de autoridad y uso indebido de la fuerza pública, coalición de servidores públicos y negación e incumplimiento de un deber legal; luego de obstaculizar la notificación y emplazamiento a juicio de la empresa, aun cuando le fue exhortado llevar a cabo la medida por el propio presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de BCS, Mohamed Medina de la Toba.

Denuncia Roberto Camarillo 1

Dolphin Blue Crabs pertenece a los estadounidenses Robert Michael Walsh y Louise Joane Walsh, según explica el abogado de los trabajadores, Sergio David Calderón Agúndez, y tiene como representantes a Marco Antonio Ongaro y Yolanda Raquel Villegas Arreola. En 2013, señala, el trío dejó de pagar la renta del inmueble donde operaban, en el interior de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), prometiendo a sus empleados que cambiarían de domicilio para continuar operaciones en otro sitio, pero esto nunca ocurrió y fueron desalojados. Walsh, Ongaro y Villegas no volvieron a ser vistos y de un día para otro la fuente de empleo de más de siete años se acabó, sin liquidaciones ni aclaraciones. Actualmente algunas de las personas que ahí trabajaban se han unido a labores de pizca y otras permanecen desempleadas padeciendo incluso efectos secundarios de la labor en la empacadora, como enfermedades dérmicas.

El grupo de trabajadores, en su mayoría mujeres, comandadas por Irene Cosío Burgoin, acudieron a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Profedet) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno del Estado, donde un abogado de oficio llamado Germán Salcido tomó el caso, bajo el expediente 360/2013, y tras una investigación logró encontrar a Robert Michael Walsh, Louise Joane Walsh, Yolanda Raquel Villegas Arreola y Marco Antonio Ongaro. El grupo operaba una nueva empresa, de nombre Moskeira’s Sea Food, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada (S.P.R. de R.L.), que tiene como responsable a Francisca Antonia Mosqueira Castro, en Puerto San Carlos, municipio de Comondú, con nuevos empleados.

Ante esta situación, y una vez contratado Sergio David Calderón Agúndez, el grupo de trabajadores acudió a la Junta de Conciliación y Arbitraje de BCS, donde Medina de la Toba exhortó a Jesús Roberto Camarillo Guillén que iniciara la notificación y emplazamiento a juicio de Moskeira’s Sea Food, Villegas Arreola, Ongaro y los Walsh, en donde el agravio se extiende a dos años de salarios caídos y alrededor de cuatro años de retenciones salariales desviadas, pues tenían como fin el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), pero nunca llegaron a sus arcas.

Camarillo Guillén, explica el abogado de los trabajadores de Dolphin Blue Crabs, respondió negativamente a la solicitud asegurando que no existe nexo entre esta empresa y Moskeira’s Sea Food, por lo que no veía razón por la cual emplazarla a juicio.

Según Sergio David Calderón, el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje comundeña confabuló con “su secretaria de acuerdos para retener todas y cada una de las diligencias practicadas en Puerto San Carlos con el fin de que no se llevara a cabo la audiencia de ley”, por lo que se le advirtió que sería denunciado, pero respondió que él era “intocable” a causa de su amistad con el gobernador electo Carlos Mendoza Davis y el alcalde electo de Comondú Francisco Pelayo Covarrubias. Aún así fue denunciado ante la Contraloría General del Estado (CGE), sin embargo la instancia se declaró incompetente para atender el caso, por lo que se acudió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde la denuncia procedió y se le asignó un folio.

La notificación y emplazamiento a juicio fueron solicitados de nuevo recientemente por Mohamed Medina, esperando que su subalterno no lo desobedezca de nuevo, sin embargo el periodo de Camarillo Guillén culmina en el mes de septiembre, por lo que existe la posibilidad de que el caso continúe siendo retrasado hasta su salida.


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