Promueven juicio político contra Exsíndico de Los Cabos; se le acusó de uso ilícito de facultades

Una Exregidora del gobierno saliente de Los Cabos, presentó ante el Congreso de BCS, una carpeta llena de documentos y pruebas en torno a las faltas administrativas del Exsíndico
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Los Cabos, Baja California Sur (BCS). El pasado martes 28 de septiembre, se presentó ante el Congreso de Baja California Sur, una solicitud de juicio político en contra del exsíndico municipal de Los Cabos, Mario Alejandro Fernández, por la falta grave y delito del uso ilícito de facultades y atribuciones, y lo que resulte, en agravio del erario municipal y de la sana administración de la cuenta pública, acusó la exregidora Tabita Rodríguez Morales.  

El denunciado reúne el presupuesto de calidad de servidores públicos que pueden ser sujetos a Juicio Político de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 156 en relación con el artículo 158 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur”, adjunta la solicitud para el Congreso firmada por la Ciudadana.  

Asimismo, presentó Rodríguez Morales, un nutrido expediente, que contiene documentos y pruebas, en torno a las faltas administrativas del Síndico, quien en su momento fungió como representante del Ayuntamiento, lo que agrava el hecho, ya que su función era salvaguardar el patrimonio municipal y no actuar de manera inconsciente, mencionó la demandante.  

“Basado en el hecho de haber cometido durante sus funciones actos que constituyen infracción directa a la Constitución Política de la entidad, que tiene como resultado un perjuicio directo a la sociedad y un trastorno en el funcionamiento normal de las Instituciones”, argumentó en el documento que tiene fecha de recibido este martes 28 de septiembre 

Por último, cabe mencionar, que, en pasados días, fue el propio Mario Fernández, quien denunció en la Contraloría al director municipal de Recursos Humanos, Felipe Ceseña, por omisión, ya que por que vio como otorgó nuevas bases, que no fueron notificadas a la Sindicatura. 

Ahora es él, quien tiene su destino jurídico y político, a expensas del Congreso del Estado por la denuncia expuesta ante su persona.


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