La Paz, Baja California Sur (BCS). Que el Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación se componga por un número impar de miembros, es una de las propuestas de modificación a la Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación de Baja California Sur, que presentó la diputada Patricia Ramírez Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, se da a conocer a través de un comunicado del Congreso del Estado.
Lo anterior, en virtud de que en la actualidad se integra por 7 representantes de sociedad civil y 7 del sector gobierno, lo que a la fecha «ha limitado la oportunidad de que éste órgano opere y ejerza las facultades previstas en la legislación (pues) no abona al fortalecimiento de una cultura de respeto y garantía de los Derechos Humanos, al no contarse con acciones contundentes para revertir y eliminar la discriminación».
La legisladora priísta de la XIV Legislatura manifestó que en la actualidad la discriminación es una de las formas «más lacerantes de la vasta desigualdad que padecemos y que seguimos padeciendo mexicanos y sudcalifornianos, pese a los grandes esfuerzos que se han realizado en los últimos años con cambios culturales importantes, pero que a pesar de los avances mostrados la discriminación es asumida como natural e inevitable por quienes la padecen».
En su iniciativa señala que en el Consejo Estatal se incluya una representación del Congreso del Estado, en este caso la comisión permanente de trabajo legislativo de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas que actualmente preside el diputado Camilo Torres Mejía; además, se contempla reformar el Artículo 23 para establecer que la presidencia del Consejo estará presidida por uno de los representantes de la Sociedad Civil organizada electo por mayoría, debiendo contar con título de licenciatura y tener conocimientos sobre el marco jurídico relacionado con los Derechos Humanos.
Ramírez Gutiérrez recordó que solamente en el año de 2012 se dotó de recursos presupuestales al Consejo Estatal, señalando que se había establecido un compromiso de trasladar recursos en los ejercicios posteriores por el orden de los 3 millones de pesos para las tareas del consejo, «desconociéndose en todo caso, el destino de los mismos, por lo que es necesario aplicarnos como diputadas y diputados en atender y dar observancia oportunamente a la generación de los recursos que son indispensables para llevar a cabo el trabajo». Por último, incluye en la iniciativa el cambio de nombre a la normatividad para pasar a ser —de ser aprobada esta propuesta—, la Ley para prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Baja California Sur.
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