La Paz, Baja California Sur (BCS). Presentaron una iniciativa en el Congreso de Baja California Sur para reformar el Código Penal y proteger mejor a las personas adultas mayores. La propuesta busca ampliar el artículo 166 del Código Penal estatal, incluyendo nuevas disposiciones que aborden la omisión de cuidados hacia este sector de la población.
Actualmente, el artículo solo contempla penas para quienes abandonan a menores de 12 años o personas incapaces de valerse por sí mismas. Sin embargo, según datos oficiales, hay más de 42,000 adultos mayores en el estado, muchos de los cuales enfrentan situaciones de abandono o despojo económico por parte de familiares. «Es momento de actuar», declaró la diputada Alondra Torres García durante su intervención.
Quedando de la siguiente manera: Artículo 166. Omisión de cuidado. A quien abandone en una institución, o ante cualquier persona, o a su suerte, a un ser humano que no tenga la capacidad para valerse por sí mismo, respecto del cual tenga la obligación de cuidado o se encuentre legalmente a su cargo, se le impondrán 1 a 2 años de prisión.
La iniciativa plantea sanciones específicas para parientes consanguíneos o tutores que incumplan con sus deberes de cuidado hacia adultos mayores dependientes. Además, propone la pérdida de derechos hereditarios y parentales para quienes cometan estos delitos. Según la legisladora, esto busca garantizar que «las personas adultas mayores reciban atención digna y adecuada».
Otro punto clave es la incorporación de medidas de protección inmediata para las víctimas. El Ministerio Público tendría la facultad de solicitar al juez medidas urgentes que salvaguarden la integridad física y emocional de los afectados. Este aspecto es crucial, ya que muchas veces los adultos mayores no tienen cómo defenderse ante tales abusos.
En el mismo artículo se adicionará: Las mismas penas se impondrán a los parientes consanguíneos en línea recta descendente y/o colaterales hasta segundo grado que incumplan con sus obligaciones de cuidado o abandonen a una persona Adulta mayor que no tenga capacidad para valerse por sí misma, o que discrecionalmente hagan uso de los recursos del abandonado para fines distintos a su supervivencia, los que además perderán sus derechos derivados del parentesco, tutela, persona de confianza y cualquier otro análogo, así como los derechos sucesorios en relación con la víctima.
El proyecto, que fue presentado en enero de 2025, entrará en vigor al día siguiente de su publicación oficial si es aprobado. Esta medida refleja un paso importante hacia la protección integral de los derechos humanos, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
