La Paz, Baja California Sur (BCS). Se presentó una iniciativa ante el Congreso de Baja California Sur para reformar la fracción III y IV y adicionar la fracción V al artículo 74 de la Ley de Desarrollo Urbano, donde se contempla que obras de urbanización cuenten con cámaras de vigilancia.
El proyecto plantea que los desarrolladores inmobiliarios donen, por lo menos, 2 cámaras de videovigilancia que tengan coberturas en vías terrestres de acceso y salida, o en su caso, con las vías de mayor acceso, las cuales deben ser instaladas por dicho desarrollo. Y, luego, serán resguardadas por la Secretaría de Seguridad Pública, ente que administrará, operará, brindará mantenimiento de las mismas y vigilará el adecuado funcionamiento de las videocámaras.
Esta iniciativa tiene como finalidad que se puedan captar imágenes, que serán analizadas por las autoridades correspondientes y de esta manera, incrementar la seguridad ciudadana en los desarrollos de nueva creación, así como la prevención y seguimiento de hechos delictivos, documentar infracciones, entre otros.
Tras lo anteriormente expuesto, el documento indicó que el artículo a modificarse quedaría de la siguiente manera: “III.- Realizar las obras de urbanización de las vías públicas previstas en el proyecto autorizado, así como acreditar haber cumplido previamente con las obligaciones fiscales; IV.- Donar e instalar por lo menos dos cámaras de videovigilancia a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur en las vías terrestres de acceso y salida si las tuvieren, o en su caso en la vía de mayor circulación o afluencia de personas, y V.- Las demás que determinen los reglamentos respectivos”.
Para concluir, la promovente, diputada Guadalupe Velázquez Jacinto, puntualizó que las cámaras de videovigilancia a las que se refiere la fracción IV de este artículo, deberá cumplir con las especificaciones que la Secretaría de Seguridad Pública determine.
Esta iniciativa fue elaborada junto con la Comisión Técnica de Videovigilancia, la cual está integrada por el secretario de Seguridad Pública, el procurador general de Justicia del Estado, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, director del C4 Estatal, entre otros miembros de esta comisión, donde se planteó la necesidad de reformar la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur.
