La Paz, Baja California Sur (BCS). El 17 de octubre de 2024, se presentó ante el Congreso del Estado de Baja California Sur una iniciativa para tipificar como sanción administrativa grave la contratación indebida de personal por parte de servidores públicos. El diputado Venustiano Pérez Sánchez fue quien impulsó esta propuesta, que busca modificar el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios.
La iniciativa tiene como objetivo evitar que los servidores públicos autoricen contrataciones sin un análisis adecuado de suficiencia presupuestal. Según el legislador, esta práctica genera «daños y perjuicios a la hacienda pública» y puede afectar gravemente las finanzas de las instituciones públicas.
En su intervención, Pérez Sánchez destacó que estas acciones deben considerarse como una grave falta administrativa y, por lo tanto, ser sancionadas adecuadamente.
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado será el encargado de imponer las sanciones correspondientes, que incluyen desde suspensiones hasta inhabilitaciones de 10 a 20 años, en caso de que el monto de la afectación exceda las 200 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Si no hay daños o perjuicios económicos, las sanciones podrían incluir inhabilitaciones de tres meses a un año.
La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Asuntos Fiscales y Administrativos y de Asuntos Políticos del Congreso para su análisis. Se espera que esta medida contribuya a fortalecer la hacienda pública y a fomentar la responsabilidad y la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas.