La Paz, Baja California Sur (BCS). En el marco del segundo año de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), visitaron el estado Ernesto Javier Nemer Álvarez, subsecretario de Desarrollo Social y Humano, y Óscar Ernie Orozco Perea, director general de Legalidad y Trasparencia, ambos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y además de hacer entrega de 100 cuartos, 81 pisos firmes y siete techos para las familias de la colonia La Pasión, el primero reveló que, como lo sugiriera recientemente la Auditoría Superior de la Federación (ASF), es posible que, en efecto, la dependencia haya pagado en 2013 pensiones a personas fallecidas; mientras que el segundo adelantó las medidas de seguridad que se tomarán en BCS para evitar el proselitismo electoral desde la delegación a cargo de María Luisa Araceli Domínguez Ramírez.
En el primer tema, hay que recordar que la ASF detectó “el otorgamiento de apoyos a personas que tendrían más de 100 años de edad sin contar con la constancia de supervivencia, apoyos a beneficiarios fallecidos con anterioridad a la fecha de la solicitud de los mismos, falta de registros de los apoyos entregados, montos superiores a los autorizados o a personas que no reúnen los requisitos”, así como otras irregularidades en la auditoría del ejercicio 2013, y el subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol mostró que es posible que se hayan hecho algunos pagos a muertos, pero que definitivamente no se hizo “de mala fe”.
“Las pruebas de vida se hacían cada dos meses y luego cada tres meses, y ahora las ampliamos a cada seis meses […], en el entendido de que los familiares, cuando se enteren que fallece un adulto mayor, pues tienen que notificarlo, también hay que partir de la buena fe de los ciudadanos, no podemos tener un policía por cada adulto mayor, entonces cuando dicen ‘es que usted le paga a gente que ya falleció’, bueno, pues a lo mejor puede ser que hicimos el corte el día dos y falleció el día tres, entonces, en lo que notifican que falleció, pues se le puede pagar un mes más, pero no son acciones ni de mala fe ni con el deseo de causarle un daño al erario”.
Cuando a Nemer Álvarez se le preguntó si él alguna vez detectó alguna irregularidad en la entrega de apoyos económicos por parte de la Sedesol o la Subsecretaría a su cargo, respondió: “No, no, por supuesto que no, no no no no no (sic)”.
La auditoría de la ASF destaca que la dependencia dirigida por Rosario Robles Berlanga dijo entregar apoyos económicos directos a cuatro millones 850,573 adultos mayores, lo que significan 6,548 beneficiarios más de los que indicaba el padrón institucional.
Asimismo, cuando se le cuestionó al funcionario cuántas observaciones hace la ASF al ejercicio 2013 de la Sedesol, dijo: “Pues son…, fundamentalmente…, son varias, dependiendo del programa”, añadiendo que han iniciado el “cruce de información para verificar y demostrar” que no se cometieron quebrantos al tesoro nacional.
Por su parte, el director general de Legalidad y Trasparencia aseveró que durante la campaña electoral que se vivirá en la entidad contará con hasta ocho elementos para aplicar el Programa de Blindaje Electoral de la dependencia.
“Vamos a blindar lo que son inmuebles, vamos a blindar lo que nos vehículos, 48 horas previas a la jornada electoral van a quedar resguardados, se van a retirar llaves y van a quedar blindados los inmuebles para que no se utilicen con otros fines que no sean el servicio público, inhibir conductas anómalas dentro de la Secretaría, no queremos que servidores públicos malos condiciones la entrega de ayuda a la gente”.
En entrevista con medios de comunicación, Orozco Perea primero aseguró que en esta administración federal no se ha detectado ningún caso de corrupción en Sedesol, pero al cabo de varias preguntas recordó los casos de los exdelegados de Veracruz y Nayarit, Ranulfo Márquez Hernández y Noemí Galindo Ponce, respectivamente, denunciados por proselitismo y separados del cargo.
“El próximo lunes se va a firmar un convenio de colaboración con el INE para poder intercambiar información y conocer de manera inmediata y rápida cuando un servidor público acaba de cometer una infracción electoral, penal o administrativa”.
